Sí, su aplicación y efectos solo tienen un curso: hacia abajo. Los referentes están de sobra. Está demostrado hasta la saciedad. ¡Penoso eso!, y nadie se preocupa en nuestro país por revertir esa situación.
El imperio de las leyes debe abarcar a toda sociedad para la cual sean dictadas. Nadie en lo grupal, o personal puede estar exento de tener que acogerse a las mismas de forma obligatoria. Solo entre nosotros se estila lo contrario.
Sus rigores solo aplican aquí para los desheredados de la fortuna; los que no tienen poder, o padrinos. Es algo que se viene verificando en Dominicana desde hace ya varios lustros.
El que se roba un salchichón, o una lata de sardinas, a lo mejor para mitigarles el hambre a los hijos, va preso, sin fecha para juicio en los tribunales del país. Los envían a las cárceles, y se olvidan de ellos
Igualmente ocurre con los homicidas, si pertenecen a los estratos bajos de la sociedad. ¡Para los que no!, las cosas giran de manera muy diferente; se acomodan los asuntos; se les busca la vuelta para la no punición debida. Todo se queda a nivel de allantes y pantallas, como meros cumplidos.
Y, si de corrupción estatal se trata, narcotráfico, o lavado de activos, ahí es que la puerca retuerce el rabo, como se dice en buen dominicano. Se hacen las denuncias; se confirman los hechos imputados; hay decomisos, acusaciones en firme etc. y la bola se va pasando de manos en manos, entre autoridades, como los tribunales de la República. Incidentes jurídicos y reenvíos van y vienen. Al final, todo se queda en veremos.
Las leyes en nuestro país, nada más son para los chiquitos, que de milagro pueden contar con abogados que los defiendan. A veces de oficio, si acaso. Los grandes contratan a excelentes, y pegados juristas, para que los saquen absueltos de sus malas andanzas. Y estos últimos aprovechan para hacer su “agosto”, a costa de lo que sea, sin importar culpabilidad o no. ¡Se la buscan, “como el marido de la vaca”!
Uno de los mejores ejemplos palpables que tenemos aquí, en el tenor de lo que se trata, es la administración y aplicación unilateral de la Ley General de Electricidad No. 125-01, que se tiene solo para que “guisen” los dueños de ese lucrativo negocio: empresarios y políticos, a pesar de la imprescindibilidad de ese servicio público para la población, que debe ser ofertado a precios justos y equitativos; como, procederse además a otorgar las compensaciones debidas en favor de los usuarios.
Según una reseña que aparece publicada en el periódico “Listín Diario”, edición de fecha 30-6-15, “La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), reclamó a la Superintendencia de Electricidad (SIE), que dicte las resoluciones correspondientes abonando a los usuarios del servicio de energía eléctrica, la suma de RD$146,000 millones que les adeudan las distribuidoras, en base a lo previsto en el párrafo II del artículo 93 de la Ley 125-01 general de electricidad, de fecha 26 de julio del 2001”. Al parecer, ¡nunca se ha hecho! ¡Qué es lo que les van a compensar a todos estos tarados!, dirían algunos turpenes de esos.
Como se puede advertir, la referida normativa legal rige nada más para un solo lado. Las distribuidoras hacen cuánto les viene en gana con los pendejos clientes obligados: les sobre facturan por el ineficiente servicio que se ofrece, y tiene la Superintendencia del ramo, que autorizar, como de pena, los reembolsos que ella entienda pertinente.
Los usuarios también tienen que aguantar todos los apagones que se quieran, y que sus electrodomésticos sufran los desperfectos derivados; se les dañen por completo, producto de esa situación, como también de las subidas y bajadas del voltaje requerido, sin tener a quien reclamarle nada. ¡Están desamparados por completo! El elefante blanco llamado PROTECOM, observa y se ríe. Parece ser, que sus técnicos nada más están para servirle a las que lucen ser sus amas: las distribuidoras.
Para eso está el grueso de las leyes en nuestro país, para proteger y beneficiar solo a los de arriba. Los de abajo están al margen su imperio defensor; de sus tentáculos de justicia. Mientras su administración y aplicación continúen de esa manera, se proseguirá aumentando el pensar de la ciudadanía, en el sentido de que: “me la voy a tomar por mi mano”.
¡Muy penoso sería, que las cosas se dejen llegar hasta ahí!
Rolando Fernández
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