Las leyes en Dominicana son como la lluvia, tienen una sola vía.

Sí, su aplicación y efectos solo tienen un curso: hacia abajo. Los referentes están de sobra. Está demostrado hasta la saciedad. ¡Penoso eso!, y nadie se preocupa en nuestro país por revertir esa situación.

El imperio de las leyes debe abarcar  a toda sociedad para la cual sean dictadas. Nadie en lo grupal, o personal puede estar exento de tener que acogerse a las mismas de forma obligatoria. Solo entre nosotros se estila lo contrario.

Sus rigores solo aplican aquí para los desheredados de la fortuna; los que no tienen poder, o padrinos. Es algo que se viene verificando en Dominicana desde hace ya varios lustros.

El que se roba un salchichón,  o una lata de sardinas, a lo mejor para mitigarles el hambre a los hijos, va preso, sin fecha para juicio en los tribunales del país. Los envían a las cárceles, y se olvidan de ellos

Igualmente ocurre con los homicidas, si pertenecen a los estratos bajos de la sociedad. ¡Para los que no!, las cosas giran de manera muy diferente; se acomodan los asuntos; se les busca la vuelta para la no punición debida. Todo se queda a nivel de allantes y pantallas, como meros cumplidos.

Y, si de corrupción estatal se trata, narcotráfico, o lavado de activos, ahí es que la puerca retuerce el rabo, como se dice en buen dominicano. Se hacen las denuncias; se confirman los hechos imputados; hay decomisos, acusaciones en firme etc. y la bola se va pasando de manos en manos, entre autoridades, como los tribunales de la República. Incidentes jurídicos y reenvíos van y vienen. Al final,  todo se queda en veremos.

Las leyes en nuestro país, nada más son para los chiquitos, que de milagro pueden contar con abogados que los defiendan. A veces de oficio, si acaso.  Los grandes contratan a  excelentes, y pegados juristas, para que los saquen absueltos de sus malas andanzas. Y estos últimos aprovechan para hacer su “agosto”, a costa de lo que sea, sin importar  culpabilidad o  no. ¡Se la buscan, “como el marido de la vaca”!

Uno de los mejores ejemplos palpables que tenemos aquí, en el tenor de lo que se trata, es la administración y aplicación unilateral de la Ley General de Electricidad No. 125-01, que se tiene solo para que “guisen” los dueños de ese lucrativo negocio: empresarios y políticos, a pesar de la imprescindibilidad de ese servicio público para la población, que debe ser ofertado a precios justos y equitativos; como, procederse además a otorgar las compensaciones debidas en favor de los usuarios.

Según una reseña que aparece publicada en el periódico “Listín Diario”, edición de fecha 30-6-15, “La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), reclamó a la Superintendencia de Electricidad (SIE), que dicte las resoluciones correspondientes abonando a los usuarios del servicio de energía eléctrica, la suma de RD$146,000 millones que les adeudan las distribuidoras, en base a lo previsto en el párrafo II del artículo 93 de la Ley 125-01 general de electricidad, de fecha 26 de julio del 2001”. Al parecer, ¡nunca se ha hecho! ¡Qué es lo que les van a compensar a todos estos tarados!, dirían algunos turpenes de esos.

Como se puede advertir, la referida normativa legal rige nada más para un solo lado. Las distribuidoras hacen cuánto les viene en gana con los pendejos clientes obligados: les sobre facturan por el ineficiente servicio que se ofrece, y tiene la Superintendencia del ramo, que autorizar, como de pena, los reembolsos que ella entienda pertinente.

Los usuarios también tienen que aguantar todos los apagones que se quieran, y que  sus electrodomésticos sufran los  desperfectos derivados; se les dañen por completo, producto de esa situación, como también de las subidas y bajadas del voltaje requerido, sin tener a quien reclamarle nada. ¡Están desamparados por completo! El elefante blanco llamado PROTECOM, observa y se ríe. Parece ser, que sus técnicos nada más están para servirle a las que lucen ser sus amas: las distribuidoras.

Para eso está el grueso de las leyes en nuestro país, para proteger y beneficiar solo a los de arriba. Los de abajo están al margen su imperio defensor; de sus tentáculos de justicia. Mientras su administración y aplicación continúen de esa manera, se proseguirá aumentando  el pensar de la ciudadanía, en el sentido de que: “me la voy a tomar por mi mano”.

¡Muy penoso sería, que las cosas se dejen llegar hasta ahí!

Rolando Fernández

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¡Viola la Constitución!, ¿y qué?, poquito me lo “jallo”

Este es un país muy especial, como dice un connotado humorista nuestro.  Aquí  tenemos  leyes de  todo  tipo, sólo  para llenar requisitos  y aparentar la existencia de un ordenamiento jurídico apropiado.  Normativas legales las hay de más en esta nación. Pero, ¿en qué porcentaje se aplican? ¿Hasta dónde alcanza el imperio regulador y punitivo que les es inherente?

 

De acuerdo con una valiosa publicación que hace el periódico “Diario Libre”, en su edición de fecha 19-10-13, como noticia de primera plana, con detalles precisos en la página No.10, el “Aumento de sueldo miembros de la JCE viola la Constitución”. A eso, probablemente muchas personas aquí, con la posible inclusión de los que tomaron la decisión, le estarán diciendo: ¿Y qué, si la viola?, poquito me lo “jallo”.

 

Según la precitada información periodística, “El aumento de sueldo que se hicieron los miembros de la Junta Central Electoral es ilegal y viola el artículo 140 de la Constitución de la República, que establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficio a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados”. ¡Claro como el agua está! La ciudadanía bien puede edificarse al respecto.

 

No obstante, es previsible que, todo se vaya a quedar así. Y que, la iniciativa no será desestimada; o, jurídicamente hablando, alguien ose dejarla sin efecto, a pesar de las declaraciones ofrecidas hace poco tiempo por el presidente del Senado de la República, señor Reinaldo Pared Pérez, en el sentido de que “el aumento de sueldos contemplado por la Ley General de Salarios del Estado para el Presidente, Vicepresidente, ministros, incluidos los funcionarios de entidades autónomas y la Altas Cortes, no se aplicará hasta el 2016, cuando se inicia un nuevo periodo constitucional”. (Véase periódico citado más arriba).

 

El juicio  obedece a la innegable importancia de los actores en este caso – miembros JCE -, dentro de nuestro sistema político-partidarista, en el cual desempeñan un rol estelar, siendo los principales “artífices” en los procesos eleccionarios nacionales, gente con la que nadie se va a “calentar”, como dice la juventud ahora.

 

Estamos en la República Dominicana, donde las sorpresas no espantan a nadie ya. ¡Sólo hay que esperar, para ver qué pasa!

 

El autor es un humilde servidor, ¡y nada más!

 

 

Rolando Fernández

 

 

 

 

Muy valioso proyecto de ley, ¡apoyémosle!

Iniciativa como ésa, sobre la prohibición del cobro de depósitos por jugosas sumas de dinero a las personas que son llevadas a las clínicas del país, por casos de emergencias médicas, deben ser declaradas del alta prioridad nacional, cuando con sometidas ante el Senado de la República, como en esta ocasión.

 

Nos referimos al proyecto de ley de la autoría de la senadora Ivonne Chahín Sasso (PLD-El Seibo), e introducido a dicha Cámara, que de aprobarse a nivel del Congreso Nacional, evitaría la actitud inhumana que se verifica en  muchas clínicas privadas de país, en cuanto a exigir un depósito previo por altas sumas de dinero a las personas que son llevadas a sus salas de emergencias, independientemente de la capacidad de pago de los pacientes, o familiares de éstos, para ser ingresados. También, del estado de afiliación de la persona de que se trate, al sistema de Seguridad Social. Obviamente, ¡jugándose con el riesgo que corren!

 

Según la señora senadora Chahín Sasso, “la práctica contra los pacientes que deben ser atendidos de urgencia vulnera los derechos de igualdad y salud, resguardados por la Constitución”. (Véase: periódico “HOY”, del 13-3-13, página 4ª).

 

Evidentemente, al margen del mandato constitucional envuelto – “derechos de igualdad y salud” -, que la distinguida dama invoca, esa forma de manejo por parte de los centros asistenciales de salud privados, constituye una injusticia; es un acto que va en contra del activo más valioso y preciado que tiene cualquier persona – la salud -, que no retorna, sí por meras causas mercuriales avariciosas, se le deja escapar.

 

Un aspecto muy digno de destacar sobre el particular de que se trata es que, muchos facultativos que intervienen en lo que se ha constituido ya en una práctica indignante, son egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que  por supuesto han estudiado subvencionado por la sociedad, a través del Estado, a la que luego se niegan a servirle desinteresadamente, aun en ocasiones circunstanciales como ésa; no saben reciprocar con la misma. ¡Qué lástima!

 

¡Fuego a la lata, señores del Senado!; urge el conocimiento y aprobación de tan importante proyecto de ley.

 

Rolando Fernández

 

Ley de Función Pública, y cancelaciones de empleados

A veces hay normativas legales, sin importar su categoría, cuyo espíritu choca de frente con la realidad que aquí se estila, por lo que su efectiva aplicación se torna bien difícil; máxime, cuando los asuntos políticos están de por medio, fundamentando los reclamos del cumplimiento de promesas electorales; como, de las reciprocidades que en adición se deben corresponder.

 

Es el caso de la Ley 41-08, de Función Pública, del 16-01-08, aplicable a los servidores estatales nuestros, respecto de la cual se ha creado una delicada y conflictiva situación, originada a partir de los despedidos que se han producido luego de la ascensión al poder del Lic. Danilo Medina, nuevo presidente electo.

 

Como era de esperarse, y en realidad corresponde, el actual mandatario ha venido conformando su propio gabinete, con personas  afectas, y de su plena confianza, como es lógico entender, compuesto por nuevos ministros y directores departamentales que, también tienen todo el derecho a llevar su propio equipo de trabajo, integrado por gente que, amén de entenderse reúne las aptitudes necesarias para los desempeños de que se trate, sea merecedora de toda confianza.

 

Y claro,  el problema está planteado; ya que, si bien es cierto que en la administración pública del país hay muchos servidores que han hecho carrera dentro de la misma, y que se han ganado el derecho a no ser cancelados por un simple cambio de Gobierno, no es menos cierto que, al ser sustituidos los ministros y directores departamentales, estos tienen que llevar a sus colaboradores más cercanos para que los acompañen en la realización de las labores puestas a su cargo, al tiempo que con la lealtad debida, les cubran las espaldas. Además, tienen que cumplir con los compromisos políticos envueltos en sus designaciones, que abarcan desde la cúspide misma del poder.

 

¿Qué la Ley 41-08, de Función Pública, y que crea Secretaría de Administración  Pública,  derogando la 14-91, De Servicio Civil y Carrera Administrativa, y su Reglamento 81-94, se debe cumplir? ¡Claro que sí! Pero, otra pregunta sería, ¿hasta dónde se podría obligar  a cualquier nuevo ministro o director departamental a continuar con el mismo personal en su totalidad, que haya servido al  incumbente anterior,  principalmente, cuando se advierta algún tipo de desafección?  Tampoco podría tenerlos a todos, los encontrados, y los por él llevados.

 

Además, repasando uno algunos articulados de la susodicha normativa legal vigente, se encuentra  por ejemplo, con el No. 60, y siguientes, en los que se establece, lo que se debe hacer en el caso de que los despidos se entiendan injustificados:

 

Articulo 60: “Los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un (1) año de servicio en cualesquiera de los órganos y entidades de la administración  pública, en los casos de cese injustificado tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de  dieciocho (18)  meses  de  labores.   Dicha

indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano o entidad respectiva. El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo”.

 

Entonces, salvo que  no se haya producido alguna modificación, en relación con las estipulaciones contenidas en dicha normativa, que estén pendientes de hacerse públicas, los despidos se pueden llevar a cabo. Se advierte cierta flexibilidad contemplada en la citada ley sobre ese particular. Claro, cuando puedan ser justificados, para lo que siempre habrá espacio, no se tendría ningún problema. Y cuando no tampoco, ya que sólo habría que observar los mandatos prescritos en dicha legislación.

 

De ahí que,  resulta algo extraño que el señor Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública, conociendo como se bate el cobre aquí, en términos políticos, a menos que no sea para que sean pensionados los que califiquen, o indemnizados los demás, esté llamando de forma vehemente, podría interpretarse, a los empleados de la carrera administrativa cancelados, para que acudan a la justicia si no los reponen. Eso luce como poco sincero. (Véase periódico “HOY”, del 1-9-12, página 11ª).

 

La verdad es que, a la situación presentada por efecto de las cancelaciones producidas, analizada en el marco de la citada ley, hay que buscarle otro tipo de salida, como ya de hecho se ha estado procurando, incluso con la intervención, según una  publicación que apareció en la prensa local, del señor presidente de la República, para no crear mayores irritaciones. Por esa vía que recomendó el señor Ventura Camejo, es muy difícil que prosperen todas  las reposiciones de empleados a que se aspira.

 

También se debe procurar la revisión inmediata de la normativa legal que rige en tal sentido, y sus supletorios debidos, para ponderar, y tratar de incluir la manera en que los servidores públicos de carrera administrativa a nivel nacional, puedan conservar sus puestos, sin ningún tipo de problema, cuando cambien las autoridades gubernamentales, y por supuesto, los jefes inmediatos de dichos empleados.

 

En este caso, las soluciones lucen muy factibles, por tratarse de la continuidad en el poder de mismo partido (PLD), aunque las posiciones se necesiten para otros, en base a conversatorios y directrices de un mismo color. Pero, hay que imaginarse lo que hubiera ocurrido con la aplicación de esa ley, y las rápidas cancelaciones en el sector público, si otro partido fuera el nuevo gobernante.

 

Por consiguiente, encrucijadas y conflictos como esos, que en la actualidad ocupan la atención pública, ponen en evidencia la no contemplación de determinados aspectos de orden político incidentes, al momento de legislar y aprobar la normativa que rige, en el amplio tenor de lo que se trata. Por lo que ahora, se debería aprovechar el impasse surgido, para tratar de trabajar en lo inmediato con los mismos.

 

Rolando Fernández

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano huele a TC

No hay que ser muy inteligente para entender, el metamensaje  transmitido a través de las declaraciones ofrecidas por el señor Milton Ray Guevara,  presidente del Tribunal Constitucional (TC), que fueron recogidas y reseñadas por la prensa local, con respecto a la ley de regulación salarial, que aprobara recientemente la Cámara de Diputados de la República.

 

Tras su devolución reglamentaria para fines de aceptación, dicha normativa fue conocida de nuevo por el Senado, que rechazó a unanimidad las modificaciones que le fueron introducidas por los diputados, encabezadas por la  intención de preservar para los congresistas los mismos beneficios actuales de que disfrutan, lo cual también había sido criticado acremente de manera generalizada por la sociedad nuestra en su conjunto.

 

Es evidente que, al margen de todo, lo que de ahora en adelante pueda ocurrir, la continúen modificando parcialmente a o no, por los otros aspectos de trascendencia en ella contemplados (fijación de topes salariales, entre otras cosas), y tomando en consideración las precisiones del presidente del TC,  la lectura  a dar a esas últimas es de que, esa normativa de nuevo cuño, muy probablemente tendrá que ser conocida a nivel de esa instancia jurídica, a los fines de ser estudiada y evaluada, en pos de que se emita una sentencia definitiva en cuanto a su correspondencia con la Constitución de la República, a los fines de su entrada vigencia, y  de la  aplicación debida.

 

El señor Ray Guevara, ya de hecho expuso algunas consideraciones con relación a la misma, durante su discurso de apertura del nuevo domicilio en que funcionará ese Tribunal Constitucional, y criticó el que “un poder del Estado intervenga en la fijación de los salarios del personal de otros poderes”. Agregó, que es necesario, “que el país se dote de una normativa que establezca los parámetros y criterios generales para la fijación de los salarios en el sector público, y que corrija indeseables distorsiones”. No obstante, “demandó que al hacerse, se actúe con apego a las normas constitucionales y sujeto a los principios……….”. (Véase: periódico “Diario Libre”, del 8-8-12, página 08).

 

Amén de lo expresado por el señor Guevara, que evidentemente dejó entrever su inconformidad con relación a la aprobación de la referida normativa, en cuanto a determinados aspectos estipulados en la misma, el sometimiento de la eventual instancia de inconstitucionalidad ante ese magno organismo,  algo que con inminencia se ve venir, habrá de empezar con el alegato de que, los congresistas no pueden legislar en su favor, haciendo provecho al aprobar una ley, para preservarse todos los beneficios y concepciones de que disfrutan en la actualidad, en contra de la disposición prohibitiva que en tal en tal sentido se alude, y que está establecida en la Carta Magna, como se produjo a nivel de los diputados.

 

Claro, si es que esa disposición de favoritismos logra  mantenerse, tras algún tipo de acuerdo soterrado a que se pueda arribar con los senadores, que acaban de rechazarla; pero que, podrían cambiar de opinión, dependiendo del consenso que se logre, en cuanto a que se deban preservar algunos beneficios colaterales  para todos allí. ¡Estamos en el país de los arreglos, y de las conveniencias!; que nadie se pierda.

 

Por consiguiente,  ante la gran probabilidad de que ese asunto, finalmente, tenga que ser conocido y ponderado por el Tribunal Constitucional (TC), para una opinión definitiva, todo luce indicar que la aprobación última, como la  efectiva entrada en vigencia de la susodicha normativa legal, podrían ser para muy luego en el tiempo, después que sean dilucidados, y haya real consenso con relación a todos los aspectos que se establezcan en la referida ley.

 

¡Vamos a esperar!

 

 

Rolando Fernández

 

Leyes tenemos; falta aplicación y administración efectiva

Una ley es una normativa o regla dispuesta por una autoridad competente, para prohibir o tratar de regular algo, que contempla estipulaciones punitivas, ante la falta de observación por parte de las personas a quienes va dirigida.

Cuando en verdad se aplican las que rigen, se logran los objetivos propuestos. Pero, cuando no los son, o se manejan e interpretan de manera subjetiva, los efectos que se producen,  siempre son contrarios a los  deseados.

Es lo mismo que viene ocurriendo en nuestro país, donde leyes hay demás.  Incluso, se podría prescindir del Congreso Nacional, por un tiempo, para crear nuevas disposiciones, o legislar en ese sentido. 

Ahora, lo que desde hace varios años vienen brillando por su ausencia, son los encargados de hacerlas cumplir a cabalidad; de velar porque no se conviertan en piezas muertas, inductoras a los desafueros ciudadanos.

De ahí, el gran desorden que arropa a nuestra sociedad en amplísimos sectores; los padecimientos y abusos que sufre la misma población; y a su vez, las inobservancias de tantos dominicanos, que se produce, a manera de respuesta retaliatoria, bajo el argumento de que aquí las leyes sólo rigen para los chiquitos, cuando suelen aplicarse.

La misma Ley General de Educación, que ha estado en boga durante las últimas semanas, en lo relativo a la aplicación del 4% del PIB para el área, si fuera analizada y ponderada en todas sus partes, se podría advertir con facilidad, que no es la única violación con respecto a la misma, sino que se verifica un sinnúmero de inobservancias, que tienen que ver de manera directa con la intervención de la política y el comercio lucrativo en el sector.

Pero además, a veces se disponen leyes que, en vez de regular o normar comportamientos, lo que hacen es contribuir a fomentar más lo que no se debe o se quiere, cuando su observación no es la más correcta; que alimentan el deseo por lo perjudicial o lo prohibido que, no cabe duda, es una inclinación natural de los seres humanos.

Es el caso por ejemplo, de la Ley 42-01, en lo relativo  al consumo de alcohol, que manda a advertir a los consumidores sobre el daño que provoca en la salud (Art. 123).  Sin embargo, la forma en que siempre se ha venido manejando ese asunto, con una simple mención, dejada caer al final de los  anuncios inductores sobre las bebidas alcohólicas, en un tono tan sutil que, a veces luce hasta despectivo, lo que ha hecho es favorecer más ese consumo. (“El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 42-01”)).

Cuando se quiere realmente controlar y prevenir, las disposiciones no de manejan de esa manera.  Es por ello que, los que mayor provecho han sacado de esa normativa, son los mercadologos, conocedores de las técnicas comerciales para inducir al consumo, como de muchos comportamientos que psíquicamente observan los humanos.

 ¡Les recomiendo primero; les medio advierto después sutilmente! Resultado: siempre habrá de surtir mayor efecto la recomendación; amén, de la proclividad que siempre tiene la gente hacia lo prohibido o lo dañino.

Es muy probable que, después de la promulgación de la susodicha ley, el nivel de consumo de alcohol en los ciudadanos de esta República, se haya triplicado.

Claro, el simple tratamiento de advertencia  que se viene haciendo, en el orden de lo que se trata, es marginado por parte de las autoridades competentes, en virtud de la importancia que tiene ese tipo de consumo, como significativa fuente de carácter tributario.

Rolando Fernández

Loable iniciativa de un senador de la República

Muy acertada resulta, y debe ser acogida con la oportunidad debida, la iniciativa del senador por Santiago, Julio César Valentín, relativa al proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control, que introdujera recientemente ante el Congreso Nacional, y que procura “establecer límites al ejercicio del poder en el Estado”.

De ser aprobada en ambas cámaras legislativas, sería una normativa legal, cuya aplicación reportaría excelentes resultados para el país, que no sólo es de los ministros y funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, sino que corresponde a todos los dominicanos. Pero, hay muchos engreídos que, cuando les distinguen al nombrarles en determinados cargos, se creen  incontrolables; dueños y señores,  que a nadie tienen que rendir cuentas.

Eso de desacatar las invitaciones que sean cursadas por el primer Poder del Estado, a los fines de que se expliquen determinadas situaciones, o se presenten documentos comprobatorios que avalen ciertos actos públicos, no debe continuar ocurriendo, se cual sea el ministro o funcionario de que se trate.

Esa debe ser una cita obligada; no con el Congreso Nacional, propiamente, sino con el pueblo elector; y, esa ley tendría que ser cumplida u observada, so pena de que se apliquen los procedimientos pertinentes de conducencia, o las sanciones que ameriten las circunstancias; que, quedarían estipulados en ambos casos, de forma clara y precisa, en la precitada legislación.

Está bueno ya, para que determinados ministros y funcionarios estatales, que se considerar estar por encima del bien y el mal, no obtemperen a las citaciones que les hace el Congreso Nacional, con el propósito de interpelarles sobre ciertos actos y situaciones de su interés, inherentes a las funciones de los cargos que se ocupan.

El proyecto de ley del senador César Valentín, con objetivos claramente definidos de fiscalización y control sobre el quehacer debido de los funcionarios gubernamentales, como el de imprimir carácter de obligatoriedad en las explicaciones que se les requieran, demostraciones o publicaciones que resulten de lugar, tiene que ser apoyado a  una sola voz por la sociedad dominicana, dada su importancia indiscutible.  Eso, además del marco constitucional que en que sustenta.

Aunque tarde, parece ser que estamos por comenzar a redefinir y clarear aspectos de mucha importancia correspondientes al ejercicio del poder en el Estado nuestro, que ayudarían en gran medida para la conducción y administración efectivas  de las cosas publicas.

¡Adelante, conozcan y aprueben!, señores miembros el Congreso Nacional.

 Prof. Rolando Fernández