Nuestros presidiarios comunes, ¡no son animales!

 

Por lo que se observa, a los presos locales de esa clase, se les considera como tales desde hace ya gran tiempo en este país. Si, como seres no pertenecientes a la raza humana, sino a la especie inmediatamente inferior. Es obvio que, de ordinario se deja de lado la Ley 224-84, Sobre Régimen Penitenciario. Su aplicación en el tenor de lo que aquí se trata, luce muy selectiva.

Claro, esa concepción de animalidad atribuible va a depender bastante, aun siendo presidarios comunes los individuos envueltos, de la capa socio-económica de que se provenga, o casta más bien. A veces influye hasta lo racial, en términos de distingo.

Se es muy inhumano con los presos comunes en nuestro país; se les dispensan por lo regular tratos deprimentes, despectivos, abusivos, tanto en su manejo de traslado hacia los tribunales de la República, cuando se requiere, como en las prisiones mismas en que se encuentren recluidos, lo cual resulta más que improcedente, sin importar las infracciones que hayan cometido, como las condenas judiciales impuestas. A pesar de que puedan ser criminales, o ladrones, que no es el grueso comúnmente, es gente, y de esa forma se le debe tratar.

Además, hay cárceles a nivel nacional en que se les tiene hacinados, apiñados en extremo, como animales en cautiverio, sin una hospitalidad decente y apropiada; sin importar que dentro del grupo se encuentren seres en delicado estado de salud, con afecciones físicas diversas, y sin que se les ofrezcan las atenciones médicas requeridas.

Son personas esas últimas que evidentemente se deterioran con rapidez, como semillas plantadas en malas tierras, sin cuidado alguno ¡Cuánta inconsciencia! Se rompe incluso, con el sentido primario de estar en prisión: regenerarse cada cual.

Hace un tiempito, tuvimos la necesidad de visitar la Penitenciaría Nacional de la Victoria, quizás el mayor ejemplo del deterioro carcelario en esta nación, en procura de ver a una persona conocida, que se encuentra en el lugar cumpliendo una medida de coerción que le fuera dictada (tres meses).

Ni siquiera se conoce si en realidad ese señor es culpable o no del hecho que se le imputa; pero, mientras tanto, se le mantiene allí junto a personas condenadas a largas penas, por infracciones de consideración ya comprobadas, viviendo en condiciones infrahumanas también.

No hay distinción respecto a las clases de estadías en tan deprimente lugar, lo cual es hasta injusto. Y, no es que los segundos (recluidos a 20 años, y 30 años, por ejemplo), no deban ser objeto de mejor trato y respeto por sus vidas. Pero, sí debe hacerse algún tipo de separación, con relación a los presos preventivos propiamente.

¡Penoso escenario general ése que se observa! Aquello lo que parece es un cementerio de hombres vivos, tratando de enfrentar las adversidades presentes; colmados de precariedades extremas, y recibiendo malos tratos, podría decirse, de parte algunos miembros del personal de seguridad allí destacado; haciendo lo indecible para sobrevivir.

Conversando con uno de los oficiales que prestan servicios en el lugar, éste nos manifestó, al comentarle sobre algo deprimente observado por nosotros, ¡y eso, qué usted no ha visto nada! Este recinto está superpoblado; la cantidad de presos desborda ampliamente su capacidad física, con condiciones sanitarias deplorables en adición, y cada día mandando más reclusos.

Aquí los traen como animales amarrados, transportados en vehículos enrejados, dispensándoles durante el trayecto un trato que deja mucho que desear; y, cuando llegan a este recinto carcelario, es que la cosa se les pone difícil; a pasar más trabajos que un forro de catre, como se dice popularmente, y aguantar.

Solo aquellos ya veteranos en el lugar, son los que pueden campear un poco el temporal de su estadía; pues se adaptan al calvario, y hasta hacen pequeños negocios con los demás presos, para poder subsistir, obteniendo así algunos centavitos para algo poder comprar.

Recordando aquel paseo poco deseado hacia aquella famosa cárcel precitada, dispuesta no cabe duda para los desheredados de la fortuna entre nosotros solamente, las imágenes grabadas, como el conversatorio que tuviéramos con aquel gentil oficial de la Policía Nacional, que evidenció tener además algún sentido de humanidad, al tiempo de observar hoy aquello que pareciera un transporte de gira, en un cómodo autobús, con aire acondicionado seguramente, en que fueran llevados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, los encartados hasta hora en el escandaloso caso Odebretcht, como huéspedes, sin grillete alguno, para la prisión considerada como un hotel de lujo, con espacios selectos y preparados de antemano, para recluir temporalmente a determinados personajes pudientes de esta sociedad, nos puso a reflexionar sosegadamente.

Pensar que, solo en este país se vale por el segmento social al cual se pertenezca; por la clase que se ostente, con principalía la política, en cuyo marco, la corrupción e impunidad hacen ser poderosos a los ladrones de cuello blanco; y, a la vez les permite colocarse en lugares privilegiados, como gozar de tratos muy diferenciados con respecto a los demás ciudadanos, cuando se debe procesarles por cualquier acto reñido con la ley, aun se haya producido de manera involuntaria.

Se deja muy de lado al momento de aquilatar, la seriedad que se haya tenido, como los apegos a los cánones morales establecidos, no obstante, cualquier circunstancia legal adversa por la que se esté súbitamente atravesando.

Magníficos escenarios para comparación, es ese del traslado, como la reclusión de presos comunes en la cárcel de La Victoria, respecto de las mismas acciones judiciales, pero con aquellos escogidos, y destinados hacia “Cárcel Modelo Najayo” – Hombres,  que les llevan como turistas, y en que les esperan acomodadas cerdas dispuestas de antemano, para privilegiar a los connotados actores del sistema económico-político regente en el país, que probablemente siempre habrán de incurrir en infracciones penales más gruesas que los primeros. Otros, que allí guardan prisión, pero de menos clase, ¡qué se conformen con mirar!, aunque se irriten.

 

Autor: Rolando Fernández

 

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Verdades innegables sobre la justicia dominicana

 

En este país tenemos abogados, abogaditos y “abogaduchos”. Los primeros ejercen el Derecho como ciencia, en toda extensión de la palabra; los segundos, son los llamados “pica-pleitos en los tribunales”; y, los terceros, aquellos compra formularios, hace diligencias de corte legal, busca sellos y formularios, etc.

Claro, todos pueden hablar sobre la justicia dominicana, que es de lo que aquí se trata, por estar vinculado a ella de una forma u otra, aunque, no obviamente, con la autoridad requerida en cada caso. ¡Se necesita demasiado para eso!

Las palabras de los últimos “especímenes” resultan en parte creíbles. Algo saben al respecto. Ahora, cuando se les escucha hablar a juristas de cartel, en pleno ejercicio de la disciplina, y exponer planteamientos con fuertes asideros,  que lucen todos irrefutables, como son los procedentes de primera clase, las cosas se tornan muy diferentes, e invitan a sosegadas reflexiones.

Tal fue el caso de uno que participara en un programa nocturno de la televisión nacional (7-12-16), con especialización en materia constitucional, y que entendemos académico por demás, que, al referirse a la justicia nuestra, le etiquetó “como algo que no sirve”, en términos de administración y aplicación.

Adicionó además que, tampoco hay muchas esperanzas de enmiendas, o de los cambios requeridos, en el marco del actual esquema gubernativo que nos rige; y, menos, iniciándose una nueva gestión presidencial.

Por tratarse de alguien tan conocido, y de un programa referente muy visto a nivel local, nos reservamos hacer mención de su nombre; que otros lo aporten. ¡Hay mucha gente que lo sabe!

Es obvio que, ante una concepción de ese tipo, proviniendo de alguien tan especial, con autoridad en el tenor de lo que se trata, a cualquiera se le cae el cerquillo, como se dice popularmente, y hasta se arrepiente de haber nacido en este país, pensando en un porvenir nacional incierto relativo, no muy lejano. ¡Las inferencias negativas sobran!

El oír exponer a ese ducho a jurista de tal manera, haciendo alusión a los desenfados, victimizaciones adicionales, como las demás irregularidades, que debe soportar, y por las que tiene que atravesar cualquier querellante en esta nación, que haya sido robado, estafado, asaltado, disfamado, o le fuera ultimado algún familiar, etc., al hacer uso de un derecho social que le asiste – justicia -, a cambio de recibir burlas y vejámenes diversos, obnubila podría decirse.

Además, el tener también que gastar cuartos suficientes en la contratación de abogados, y cubrir los “boroneos” burocráticos de estilo, le tumba por completo los ánimos a la gente; de ordinario a cambio de nada, y solo invita a dos cosas: desgaritarse  de esta tierra; o, tomarse la justicia por sus manos.

En ese orden último, andan los aumentos del sicariato a nivel local, como las proclividades hacia los linchamientos directos en contra de los antisociales actuantes a nivel del país. La ciudadanía se siente desprotegida e impotente para reclamar justicia ante las autoridades competentes, o los tribunales de la República. ¿Qué es cuánto se piensa? ¡Qué no vale la pena!, Y, menos, al escuchar exposiciones públicas de ese tipo, de gente que sí sabe de eso.

Otro ingrediente lacerante a que se refirió el connotado abogado, en relación con los reclamantes de justicia, es el relativo a la protección y defensa que se observa reciben los victimarios o delincuentes a nivel de cualquier “juicio ventilatorio”, cuando esos no disponen de abogados defensores propios.

Se les asignan buenos juristas para que hablen en su favor y traten de justificar los atropellos o asesinatos llevados a cabo por esos “angelitos descarriados”, infractores de las leyes. Los mismos son pagados por la sociedad, que obviamente incluye a los afectados.

Mientras tanto, las víctimas o acusadores tienen que bandeárselas por sí mismos, o los procesos iniciados se caen por completo; no prosperan jamás. ¡Qué duro es tener que observar ese cuadro: cuido y defensión pública para los malvados! Y, ni hablar de justicia después. ¡Qué bien!

De lo expuesto aquí se desprende la gran pregunta, hasta dónde “los hombres de pelo en pecho” que puedan quedar entre nosotros van a permitir que un sistema judicial inservible, soportado en estructuras políticas mafiosas y corruptas, como en leyes dictadas y códigos aprobados a la medida de lo improcedente a todas luces, se continúe aplicando en este país.

Es que el valor para exigir las enmiendas y los cambios profundos que se requieren en el orden de lo tratado, se perdió por completo. Seguiremos conformándonos solo con escuchar sobre los deleznables escándalos que se verifican a nivel de la justicia nacional, y que trascienden sin ningún tipo de rubor observable hasta la opinión pública.

Hace dos o tres décadas atrás, no creemos que nadie pensara aquí en el grado de deterioro que le esperaba a este país en todos los órdenes – el actual, con miras a seguir progresando – estando en manos de todos estos políticos oportunistas, desaprensivos y corruptos; que crecen como la yerba mala, preocupados nada más que por sus intereses personales y grupales.

¡Lamentablemente, y en el orden de lo abordado aquí, en primer lugar, las enmiendas y soluciones se ven tan lejos, como el horizonte marino, y sin “barcas” para llegar hasta él! Ahí sí que “la esperanza era verde, y se la comieron los burros”, como reza un dicho popular.

 

Autor: Rolando Fernández

 

 

 

 

¡Qué sea el pueblo, quien elija a los jueces de las llamadas “Altas Cortes”!

 

Ante una denuncia de ese “calibre”, como la que está haciendo el connotado jurista nuestro, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y que apareció en el medio digital “almomento.net”, edición de fecha 27 de diciembre del 2015, bajo la firma del periodista Jhonny Trinidad, al igual que en otros periódicos escritos de amplia circulación nacional, que entendemos debe tener suficiente base sustentatoria, por el perfil, tanto personal, como profesionalmente hablando, de quien la expresa, por una parte.

 

Por otra, los escándalos que desde hace tiempo ya se vienen verificando a nivel del Poder Judicial nuestro, evidentemente regenteado a base de fuertes intereses políticos, como económicos locales, situación esa que explosionó de manera muy marcada durante el año 2015 que finaliza, haciéndose eco la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.

 

En adición, que mientras sean los políticos representantes de los sectores nuestros gobernantes, aposentados aun sea de forma transitoria en los poderes del Estado nacional, Legislativo y Ejecutivo, quienes tengan a su cargo la conformación del tercer Poder, el Judicial, jamás se podrá esperar que desde allí se actúe con la independencia mental demandada; con la venda en los ojos que tal administración y aplicación requieren.

 

Es obvio que, siempre se habrán de deber favores y reciprocidades a quienes intervengan, o designen a los músicos que conformen esa “orquesta”, cuyos ritmos  no se podrían afinar  nunca de esa manera.

 

Es por ello que, una declaración como la formulada por el eminente jurisconsulto nuestro, doctor Castillo Pantaleón, debe poner  en alerta a mucha gente en este país, e inducir a la ciudadanía en general a mantenerse como la guinea tuerta; dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, tal reza un dicho popular, a los fines de interferir con los objetivos señalados, para que no nos acabe de llevar el diablo a todos aquí.

 

Dijo: “Grupos empresariales, de la sociedad civil y de partidos políticos pretenden asumir el control de la Suprema Corte de Justicia, “para que actúe al servicio de sus intereses”. Y advirtió en adición, “a esos propósitos también se han sumado grupos foráneos y representaciones de  delegaciones diplomáticas.

Ampliando, señaló que, “las pretensiones de esas instancias no se quedan solamente en la Suprema Corte de Justicia y su presidente, Mariano Germán Mejía, ya que el plan incluye también a la Junta Central Electoral y los tribunales Constitucional y Superior Electoral”.

Reflexionando en el orden de lo expresado, un pensar que vendría a la mente de toda persona sosegada, aunque quizás para muchos parezca algo estúpido es que:  la única forma de evitar el que la administración y aplicación de justicia en la República Dominicana no estén tan supeditadas a los intereses políticos y económicos locales, es que tanto los jueces de la Suprema Corte de Justicia, órgano cabeza del Poder Judicial, como del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Superior Electoral, que conforman entendemos las denominadas “Altas Cortes” en el país, sean elegidos por el voto popular, y que de ellos emanen los nombramientos y las delegaciones de funciones complementarias pertinentes, en el  marco de sus respectivas competencias.

Generalizando, ¿por qué no puede hacerse lo mismo con el Poder Judicial, tal ocurre con los representantes del Legislativo y el  Ejecutivo? ¿No tiene que haber, se supone, independencia total entre los tres?

¡Qué sea el pueblo quien escoja para su designación los jueces de las llamadas “Altas Cortes”! Sabemos que no sería una tarea fácil. Pero, no hay otra forma de introducir en esa importante instancia nuestra, la libertad total de acción que se requiere.

Como se puede apreciar, es solo una idea, ante las pretensiones denunciadas por el señor Castillo Pantaleón, que se infiere no están en el aire, como el “aluvión” de escándalos indecorosos con que ha sido sacudida y atormentada la sociedad nacional durante las últimas semanas del año 2015, que está llegando a su término, provenientes de esos litorales.

Nuestra disciplina profesional no es la de abogado. Ahora, tampoco  creemos que haya que serlo, para estar conscientes todos de que hay que romper con ese maridaje: justicia-políticos-empresarios entre nosotros; pues de otra forma, nunca se podría sanear aquí el Poder Judicial.

 

Rolando Fernández

 

 

 

Un mal camino se ha elegido para dilucidar el tema de la justicia local: la prensa

 

La preocupante  y deshonrosa situación por que atraviesa el Poder Judicial dominicano, según ha trascendido, asociada con los escándalos protagonizados por jueces y fiscales actuantes, principalmente, dentro de ese sector, que han incluido: corrupción, sobornos, tráfico de influencias, etc., constituyendo esos venalidades sin reparo todos, ameritan de un tratamiento más reflexivo y objetivo por parte de las autoridades competentes.

 

Una temática tan delicada como esa, no es para estar siendo manejada a través de los medios de prensa, y programeros resonantes, exponiéndose pareceres diversos, algunos pertinentes, aunque otros, que lucen bastante interesados, como salpicados de capitalización política obvia.

 

Lo que pueda estar ocurriendo aquí a nivel de las instancias judiciales componentes, es más que perceptible, como de amplio conocimiento público. Es algo que se veía venir; que mucho tardó en salir a la luz pública, por las raíces que geminan siempre  a partir de su conformación: las politiquerías prevalecientes y los intereses grupales.

 

Las causas de todos los males presentes que se verifican a nivel de las dependencias del área, son conocidas por una gran parte de la ciudadanía; hasta por la gente que se tiene como indiferente. ¿Quiénes no saben aquí que tales cosas se producen en su seno? Y es que,  los referentes edificantes e interpretativos están de sobra. Habría que estar ciego, o  residir muy lejos de esta nación, para desconocer sobre los tantos episodios cuestionables que se verifican allí.

 

Conocedores en este país entonces, de cómo se bate el cobre a nivel del tercer Poder del Estado nuestro, y que todo obedece a la forma en que se ha venido conformado esa estructura durante los últimos lustros, desde sus más altas esferas jerárquicas, acomodadas, y representativas por lo regular de determinados sectores políticos y empresariales de la nación,  con efectos traslativos hasta la metodología que rige para designar sus servidores en los tribunales de la República, y demás, nada de lo que está sucediendo debe extrañar.

 

También se debe considerar como incidente, en las circunstancias problemáticas notables que se exponen en el presente, a nivel de la administración y aplicación de ese servicio público, tan necesario y requerido entre nosotros, el proceder ordinario de algunos de sus auxiliares externos, los abogados en ejercicio, caracterizado por los contubernios, y las componendas a la clara que se registran, en los que media siempre el factor dinero.

 

Por consiguiente,  esos asuntos inherentes que han explotado ahora, y que han escandalizado a la sociedad nacional, no son para estar dándoles prensa todos los días, como si fueran nuevos ritmos musicales en etapa de mercadeo publicitario.

 

¡No!, son  para sentarse a reflexionar sobre los mismos, en procura de definir e introducir las medidas correctivas pertinentes, de forma tal, ¡qué esa deleznable procesión no continúe su agitado curso!

 

Y, si luego de meditar sosegadamente, como de manera imparcial, sobre todo cuánto en el presente es del conocimiento de la opinión pública nacional en relación con ese Poder del Estado local, por haberse dejado trascender con muy poco tacto, sin pensar en las posibles consecuencias que se puedan derivar, se decide en definitiva que se debe deshacer la orquesta completa conformada y vigente; como, el extraer para siempre de la misma los “músicos que desafinen”, por incapacidad profesional, o la falta de lo ético-moral propiamente, ¡qué se haga!, para volver a conformarla después con ejecutores creíbles ante la sociedad, sin identificaciones políticas públicas, que hayan demostrado pulcritud y aptitudes para un ejercicio tan delicado como ese.

 

Finalmente, por la forma de manejo que se le ha dado al tema, que debe ser un asunto de despachos, no de prensa, reiteramos, amén de lo tan inadecuada que resulta, respecto de una cuestión con marcada trascendencia para el país, puede estar dando pie a pensar, que detrás de ese proceder podría haber algún propósito de desviar la atención sobre otras cosas nacionales; que se les quite la mirada social a otros asuntos de mayor, o igual envergadura que están sobre el tapete en la actualidad.

 

¡Cuidado, con las interpretaciones posibles, respecto del fondo de lo que se trata, ya que algunas podrían resultar peligrosas! ¡Qué se dilucide esa temática tan delicada como debe ser!

 

 

 

Autor: Rolando Fernández

Una opinión con contenido para derivar conclusiones

Sobre variadas cosas de poca importancia, se escribe con regularidad en los periódicos de este país.  Ahora, en ocasiones aparecen trabajos de opinión que merecen ser leídos con atención, tratando de extraerle la quintaesencia que subyace en lo expresado, como dirían algunos juristas, para arribar a certeras conclusiones, alertantes por demás, si son asimiladas debidamente.

 

En la edición de fecha 20 de enero del 2012, del periódico “El Día”, apareció un pequeño trabajo de opinión, por el espacio que ocupa, en la columna “Bitácora para lúcidos”, y bajo el título “De Jueces y política”, escrito por David Álvarez Martin, que entendemos revelador de lo que ha sido y seguirá siendo, claro está, por la conformación de sus instancias, la cruda realidad de la justicia dominicana,  en términos de administración y aplicación,  pincelada con ribetes siempre políticos.

 

Como bien señala ese autor, “En la elección reciente de los jueces de las Altas Cortes el procedimiento constitucional fue seguido al pie de la letra y le correspondía por tanto a políticos escogerlos, salvo los dos miembros de la Suprema Corte de Justicia”.

 

Claro, son los políticos aquí, lo que ponen y disponen en ese tercer poder del Estado nacional, a través de la selección y designación de los magistrados superiores que dirigen, conforme con la normativa procedimental establecida constitucionalmente.

 

En ese tenor, el mandato evaluatorio, previo  a la elección última de los jueces para las denominadas “Altas Cortes”, fue llevado a cabo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.  No obstante, lo que sí quedó en entredicho para mucha gente autorizada en la materia, fueron las designaciones que finalmente se produjeron, respecto de los resultados que pudieron haber arrojado las evaluaciones realizadas; y, obviamente, las aptitudes personales evidenciadas por todos los elegidos, amén de las experiencias de ejercicio profesional necesarias, que se consideran exigibles en cada caso.

 

Es por ello que, mientras algunos han estado muy de acuerdo con el trabajo llevado a efecto, las críticas han llovido por otro lado, aduciéndose que, allí lo que hubo no fue más que un reparto consensuado entre las principales fuerzas políticas del país, con la influencia soterrada de determinados sectores económicos poderosos nacionales, en búsqueda de inmunidad y protección futuras compartidas, o reciprocadas.

 

Ahora, retomando en parte lo expresado por el señor Álvarez Martin, en cuanto a que el poder ejecutivo y legislativo – compuestos por políticos representantes de sus parcelas coloreadas, como es bien sabido -, participan aquí de manera directa en la escogencia de los más altos jueces nacionales, para la administración y aplicación de justicia, que a su decir, también ocurre en otros países democráticos, esto último entre comillas agregaríamos nosotros, crea la gran inquietud referente a la imparcialidad y la apoliticidad obvias, que se requerirían para un ejercicio pleno y efectivo, dentro de un área tan exigible y delicada como esa.

 

Se puede deducir entonces que, mientras en este país, en que todo gira alrededor del  eje poderoso de la política partidarista, enmarcada siempre dentro de un contexto inversionista-comercial, padrinazgos y encubrimientos, el voto de mayor peso para elegir a los jueces de las  denominadas “Altas Cortes”, provenga de los sectores políticos comprometidos, la administración y aplicación de justicia, por tantos esperadas aquí, jamás las tendremos.  ¡Todo seguirá tal cual, como hasta ahora!, procesos y condenas sólo para los desamparados.

 

Esa concepción desesperanzadora, se fortalecería más aun a partir de analizar las precisiones que al final de su trabajo hace el articulista sobre que, “Tenemos las Cortes que el nivel de desarrollo de nuestra democracia permite.  Se mejorará en la medida en que jóvenes con capacidad y honestidad se involucren en política, en los partidos existente o por hacer,……………..”.

 

Evidentemente, son pareceres que lucen conformistas y muy cuestionables a la vez, que plantean preocupaciones e interrogantes en cualquier pensador medio; como tales serían, en primer lugar, si las Cortes están acordes con ese nivel que él señala, andarán entonces muy mal, puesto que en esta nación de lo que menos se podría hablar es de democracia, que no sea en ínfimo grado, ¡sí de libertinaje a todas luces! Los deberes y las responsabilidades ciudadanas inherentes a un sistema democrático, están de capa caída en esta nación, incluyendo los que conciernen a una gran parte de sus autoridades.

 

Segundo, otra giraría en torno  a que,  ¿se puede mejorar con la eyección juvenil señalada el asunto?  ¡Es bien difícil!  Los jóvenes con capacidad y honestidad, que logre alcanzar tener el país, nunca se involucrarían en actividades políticas, ya que no les dejarían pasar – serían la nota discordante -, como en efecto ocurre.

 

Y, porque además, tendrían que dejar de lado esas condiciones tan loables, para poder adaptarse a los comportamientos circunstanciales que les impongan los entornos viciados ya, de la politiquería demagógica y la corruptela estatal existente, por mucho tiempo previsible, mientras se continúe bajo los mismos esquemas de gobierno, y las injerencias extranjeras condicionantes de los prestamistas.

 

Un  punto digno de destacar, entre los aspectos que él señala, al terminar aquí esta humilde exposición es que, el país debería tratar de emular, como nosotros copiamos tanto, a los Estados Unidos, en cuanto a  la escogencia por voto popular de las principales autoridades judiciales – ellos sólo lo hacen con algunos fiscales, a su decir -; que, aunque también sería un acto político, mediaría en el mismo la voluntad libérrima de la población, y no las componendas e imposiciones provenientes de los poderes ejecutivo y legislativo locales.  ¡Así podríamos tener administración y aplicación de justicia, con eficiencia razonable, acá!

 

Autor: Rolando Fernández

 

 

 

 

Desolador futuro dominicano en el ambiente

Desolador futuro dominicano en el ambiente

 

Aquí todo está tintado con el color asqueante y dañino de la política partidarista.  Los más connotados representantes nacionales de esa comercializada disciplina ya, se han propuesto el legar a las futuras generaciones nacionales, el país  que, lamentablemente, merecen los dominicanos: una selva de cemento, insegura e hipotecada.

 

Toda esa deleznable actitud, gracias a la inconsciencia que ha caracterizado a este pueblo durante los últimos lustros, que bien saben aprovechar todos los farsantes y títeres polítiqueros que se ha venido gastando el país, y que sólo tienen como norte sus intereses particulares, y los de grupos extranjeros, de los que son partícipes también.

 

Esa es un realidad fehaciente que, aunque muchos no quieran admitirla, algunos por conveniencias propias, y otros por  simple ignorancia, hay quienes la pueden ver desde muy lejos, cuando se quiere. Es algo más que previsible para cualquier pensador medio, independiente e imparcial, por supuesto.

 

Todo aquel que se detenga a observar desde las gradas, como se dice en el argot beisbolero, las estrategias  que vienen desarrollando en el terreno de juego los inversionistas politiqueros de nuevo cuño, que consideran el país y su soberanía como una finca de su propiedad a explotar, cuando logran alcanzar el poder estatal, así puede percibirlo con gran facilidad.

 

El tan pesado fardo por ejemplo, de la deuda externa que ya a la fecha tiene esta nación, in crescendo cada vez más, con la concertación de empréstitos altamente condicionados, bajo diferentes modalidades, incluyendo la eventual afectación de la soberanía nacional, en el caso de los impagos, que por lógica se prevén, dada la no creación de bases sustentatorias para honrar en su oportunidad determinados compromisos, amén de las injerencias sostenidas de parte de los principales prestamistas de ultramar, constituye una  primera muestra desalentadora, en cuanto al futuro republicano respecta.

 

Otros aspectos que llaman poderosamente la atención, son el auge del consumo y el tráfico de drogas a nivel nacional, por un lado, que luce apañado por algunos de los sectores políticos internos, que a su vez, participan en la selección de jueces, y disponen a conveniencias, la composición y la forma de administración de la justicia en el país. Y por el otro, la criminalidad y la delincuencia que promueven ese tipo de comercio y adicción, ilícitos, que acarrean el alto nivel de inseguridad ciudadana que viene, y que seguirá azotando sobremanera la sociedad nuestra.

 

Además tenemos, el adicional flagelo de connotación extrema, correspondiente a la rampante corrupción estatal, sin control ni castigo alguno,  recurriéndose sólo a muchos bultos periodísticos circunstanciales, para bajar las mareas que se suscitan en ocasiones, a los fines de embaucar y entretener a la población, cuando se denuncian grandes escándalos, que no se pueden seguir ocultando más.

 

Acabamos de ver la forma en que fueron elegidos los jueces de las llamadas “Altas Cortes”: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, en que todo parece indicar, hubo previamente una distribución política consensuada, para la escogencia de sus miembros.

 

Luce, que fue un traje hecho muy a la medida de los intereses políticos partidaristas en el país; en que difícilmente, podrá haber la imparcialidad de rigor, cuando de aplicación de justicia y otros se trate, debido a la identificación bastante conocida, de algunos de los actores principales incluidos.

 

Una de las lecturas que se pude dar a esas designaciones así concebidas, es el probable no castigo, concerniente a la alarmante corruptela y los actos indebidos estatales verificados hasta el momento, como de los futuros que se esperan, por los encubrimientos recíprocos obvios que se advierten venir, entre grupos y colores partidaristas.

 

Luego, con el escenario descrito y las acciones presentes, en el sentido  de que la  impunidad y los maridajes grupales puedan continuar su curso normal,  es lógico suponer que a este país le esperan momentos muy difíciles en el orden económico, y situaciones institucionales caóticas, por la penetración del narcotráfico en algunas de las delicadas áreas correspondientes; aplicación y administración de justicia más escasa cada vez; y, en consecuencia, una mayor criminalidad y delincuencia por doquier, probablemente superior a los niveles que ser registran en otros países hermanos.

 

Ese será el gran legado a los que mañana vendrán, y que las avaricias y deleites propios del poder político, no les permiten ver a los culpables hoy, que sus familiares descendientes, y más cercanos, no estarán exentos de los riesgos probables que se habrá de correr aquí,  en esta selva de cemento, insegura e hipotecada, que es lo que están dejando.

 

Rolando Fernández

 

 

 

Decisiones que se deben revisar, y ponderar bien, para mantenerlas, o cambiarles

En este país se dan situaciones de orden legal, incluidas muchas decisiones que se adoptan, que mueven a cuestionamientos, como al análisis reflexivo entre los juristas de fuste con que cuenta la nación. No de los enganchados a abogados, sólo proclives a las “truchimanerías”, como a la defensa de intereses espurios de cualquier naturaleza; o aquellos, que nada más saben servir como títeres o cajas de resonancia de las inapropiadas disposiciones o normativas extranjeras impuestas, con respecto a esta nación.

 

En los últimos días ha estado sobre el tapete, en términos de críticas valederas, y hasta constructivas a la vez, acompañadas de otras opiniones a favor y en contra, la decisión de un juez de los tribunales de República, que le permitiría al reo Mario José Redondo Llenas , condenado a largo tiempo en prisión, 30 años, por el asesinato del niño Rafael Llenas Aybar, escribir artículos de opinión, a través de un medio digital, lo cual evidentemente no debe ser, por su condición de presidiario, cumpliendo una pena; y que por tanto, tiene suprimidos sus derechos sociales, civiles y políticos, de acuerdo con la Constitución de la República, y demás normativas legales suplementarias; aunque, sí habría que dilucidar  y definir,  sobre el aspecto de la libertad de expresión que le asiste como persona.

 

Mientras eso ocurre, y se ha estado debatiendo, por lo inusual que resulta el concederle a dicho reo una prerrogativa de esa naturaleza, cuestionable a muchas luces podría decirse, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico-legal, por lo que ha causado un gran revuelo a nivel nacional, incluido el escenario mismo de la  Cámara de Diputados de la República, cuyos miembros elevaron su voz de protesta, según algunos pronunciamientos y pareceres que recoge la prensa local, la Junta Central Electoral, aprobó recientemente el reglamento para el voto penitenciario de los presos preventivos en el país.

 

Esa apertura se ha promovido con decisión y voluntad, a pesar de que los mismos también se encuentran cumpliendo un mandamiento de prisión, aunque  previa, característica por la cual se entiende pueden ejercer el derecho al sufragio en el certamen electoral a celebrarse el próximo año.

 

No obstante, ¿se habrá ponderado sosegadamente, la conveniencia o no de esa resolución, en el marco de nuestro sistema electoral; las características propias como nación; y, la forma en que se administran aquí los procesos judiciales? ¡Es muy posible que no!

 

En el mismo tenor, ¿acaso no merecen esos también,  el  estar impedidos de todos los derechos ciudadanos, civiles y políticos, por su condición de presos, que iguales son,  aun sea en proceso de pagar y resarcir a la sociedad nacional, debido a los delitos en que pudieran haber incurrido?; pues, lesiones o daños dejaron.

 

Sería como un castigo transitorio, hasta tanto se comprueben a cabalidad los hechos imputados, y se produzcan las condenas correspondientes; ya que, los dictados de prisión preventiva, se suponen debidamente soportados por indicios claro de culpabilidad. ¿Por qué exonerarles entonces para tales fines, independientemente de lo que pueda ocurrir en otras latitudes?

 

¡Eh, cuidado!; es que eso no conviene enfrentarlo mucho, analizado en el contexto de las aspiraciones políticas, que es lo que aquí mayormente prima. Por eso, se procura con tanta diligencia, el que definitivamente se pueda lograr la obtención de tales votos para los candidatos que participen en las venideras elecciones.  De ahí, los ingentes aprestos que se hacen.

 

Ahora, una pregunta bastante interesante sería, ¿y qué les van a ofrecer los candidatos a los presos que les favorezcan con sus votos, en el caso de ganar la presidencia de República? ¿Será la libertad inmediata,  la limpieza de los recintos carcelarios, o la remodelación de esos lugares, para evitar los hacinamientos?  ¡Bueno!; que lo digan públicamente, al igual que proclaman muchas de sus falsas promesas ante el electorado en libertad.

 

Valdría la pena hacer algunas comparaciones, a manera de ensayo, de esa disposición última, con respecto a los presos preventivos, y el tema sobre Redondo Llenas, y sus aspiraciones de escribir artículos de opinión para un medio digital, en el sentido de las conveniencias reales, buenas o no, en ambos casos, para la sociedad, al margen de las concepciones personalistas que se han estado externando.

 

Y es que, los trabajos del recluso mencionado, podrían ser una forma de desahogo para su conciencia íntima; como también, de orientación y consejos para los tantos jóvenes que en este país participan en ritos “religiosos” indebidos, desde entonces, y para estos tiempos; lo cual es una realidad que, siempre se ha estado manejando con cierto cuidado en esta nación; y que al respecto, las iglesias mismas, incluyendo la católica,  han mantenido cierto silencio, o como una especie de  hermetismo se podría considerar, por los sectores de la clase alta,  económica y política, que pudieran estar envueltos.

 

Quizás, hay cosas con relación a ese suceso, que él – Redondo Llenas – no ha dicho, y que les mortifican;  que podrían constituir incluso, un testimonio adicional. ¡Los impulsos dolorosos, o cargos de conciencia retenidos, perturban mucho, cuando no se exteriorizan de alguna manera!

 

A propósito del tema, muy importantes y objetivas resultan la interrogantes y consideraciones que se plantean en el A.M. (Antes del Meridiano), bajo el título de “Escándalos y preguntas”, del periódico Diario Libre, en su edición de fecha 30-9-11, a los  fines de buscar respuestas reflexivas, como de efectuar análisis independientes, que conduzcan a lúcidas conclusiones, por parte de los pensantes del país. ¡Que no sea vea, y se formen opiniones sobre el asunto, de manera superficial!, para no correr el riesgo de incurrir en probables errores.

 

Jamás se olvide que, ¡con mucha frecuencia!, hay decisiones que merecen una segunda ponderación.

Rolando Fernández

 

 

 

Hay malos hechos que pueden obrar para bien

Para nadie es un secreto en este país, la incertidumbre que vive una gran parte de la sociedad dominicana, producto de las actividades delincuenciales que se han venido verificando durante los últimos tiempos, patrocinadas en gran parte por  muchachos menores de edad, y adolescentes desaprensivos, inducidos a la vez por el consumo de sustancias alucinógenas, en determinados casos.

Ya aquí en este país, nada ni nadie está seguro.  Son muchos los riesgos que se corren a cualquier hora de la noche, o del día, inherentes a la existencia física misma de las personas, en algunos casos, como a todos los bienes materiales, incluyendo los inmobiliarios,  de transporte, prendas, teléfonos celulares, y demás.

Por ejemplo, dejar  estacionado un vehículo en cualquier lugar de la ciudad, sin que pueda ser vigilado por el dueño, o alguien a quien se le pague, constituye una osadía.  Cuando se le deja sin supervisión, o se lo roban, lo abren, y lo desmantelan; también, cargan con los espejos, faroles, centros de las gomas, etc.

Son actos delictivos en los que normalmente están envueltos menores de edad, viciosos que salen a realizar sus fechorías para costear sus adicciones, porque además saben dónde les van a comprar los efectos que sustraen. Y, los venden con facilidad, como de hecho  ocurre. ¡Lo robado se exhibe después, sin reparo alguno! Y, ¿las autoridades qué?

Todo cuanto aquí se observa en el orden delincuencial, tiene su base en la lenidad evidente con que proceden las autoridades judiciales de la República; como en la interpretación acomodaticia, o debida, de algunas de las estipulaciones contenidas en los códigos vigentes, Procesal Penal, y del Menor, que fueron normativas importadas y aprobadas para fines de aplicación en el país, con el padrinazgo de congresistas y juristas alienados nuestros, sin prever consecuencias, a partir de las características sociales internas  de la nación.

Son legislaciones, que se ha demostrado en el país no aplican, por lo que han sido objeto de múltiples críticas y sugerencias, en pos de su revisión inmediata, como de las modificaciones pertinentes, por connotados entendidos nuestros de las ciencias jurídicas,  y de la efectiva administración de justicia, sin que los organismos competentes para enmendar, hayan hecho caso alguno.

Todo lo contrario, determinados promotores de esas iniciativas y posterior aprobación, aún salen en defensa de lo que muchos versados en esos asuntos, entienden como “incongruencias jurídicas en aplicación”, a pesar de estarse viendo los funestos resultados derivados.

Recientemente, es posible que haya aparecido la mano de Dios, como dice un destacado abogado de la República, por la ocurrencia de una acción delictiva muy lamentable por cierto, en que la víctima resultó ser un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana, Julio Aníbal Suárez Dubernay, mientras se ejercitaba en el parque Mirador del Sur, conjuntamente con dos hermanos.

Aunque tanto él, como el presidente del superior organismo judicial, se han limitado sólo a reclamar una mayor cobertura de protección policial, como de seguridad por parte de otros organismos competentes en la zona, a raíz del hecho citado, es obvio que, los asuntos de prevención generalizada en todo el territorio nacional, tienen que ir mucho más lejos; es decir, hasta el contexto de las normativas legales señaladas precedentemente, en términos de revisión y adaptación modificativa, conforme con nuestra verdadera realidad social.

Los dominicanos, tenemos que dejarnos de estar copiando legislaciones que en el país no aplican, lo cual sólo se hace para complacer intereses extranjeros; o quién sabe por cuál otra razón adicional. Suerte que la práctica de los linchamientos, por la percepción de burla y desamparo que tiene la población, se ha puesto un poco en el olvido. ¡Esperemos que no vuelva!

Finalmente, no es que nadie se alegre de los sucedido al juez Suárez Dubernay; pero, sí muchos entienden que el hecho podría constituir un aguijón que induzca a una menor flexibilidad judicial, cuando de la violación de la leyes que nos rigen se trate; como, al conocimiento congresual y modificatorio de las referidas normativas – códigos Procesal Penal, y del Menor -, que han sido objeto de tantas  críticas, y puestas sobremanera en tela de juicio, por profesionales locales, que bastante saben de Derecho y de administración de justicia, sin que nada se haya logrado hasta el momento.

A ver qué puede ocurrir en torno a tan lacerante problemática social – la delincuencia -, luego de un acto tan lamentable y bochornoso, como el aludido. ¡Hay que esperar!

Rolando Fernández

¡Cuidado con algunas decisiones judiciales!

Por la forma en que son conocidos y manejados determinados expedientes a nivel de los tribunales  de la República, todo luce indicar que este país, la aplicación de la  justicia tiene  fronteras insalvables.

 

Cada vez se producen decisiones en esas instancias, que favorecen a inculpados  por la sociedad en general, de delitos diversos, bajo argumentaciones, artificios y subterfugios jurídicos, como de interpretaciones acomodaticias de los articulados contenidos en los textos legales vigentes.

 

Son  tratamientos o sentencias, casi personalizadas podría decirse, que por lógica mueven a suspicacia e indignación, y que están induciendo a muchos ciudadanos afectados, que se sienten burlados por sus victimarios, como los abogados interventores y las autoridades competentes actuantes, a procurar tomarse la justicia por sus propias manos.

 

Esa es una situación, evidentemente muy delicada, que debe mover a reflexión, tanto a los jueces y fiscales del país, como a los abogados en ejercicio, ya que los posibles vientos retaliatorios podrían llegar hasta sus predios, cuando las actitudes judiciales se consideren injustas y perjudiciales para los demás.

 

Es una plataforma de eventuales ataques personales, que se ha ido creando durante los últimos años, como consecuencia de esas alegres concesiones en favor de acusados de crímenes horrendos y delitos comunes, sindicados como culpables a todas luces por la sociedad, que logran beneficiarse con sutiles penalidades judiciales, en algunos casos; cuando no es que, se les dejan sin efecto totalmente los cargos imputados, en base al tráfico de influencias,  o la compra de sentencias liberatorias.

 

Como es lógico suponer entonces, siempre quedan las estelas de dudas, inquietantes e indignantes, cuando todos aquellos casos judiciales que evidencian claramente culpabilidad, no son manejados con la profundidad debida. Y por tanto, se van sentando precedentes que lastiman, y que bien podrían acarrear acciones vengativas interpersonales, luego que se den por concluidos al vapor, los procesos  en curso.

 

El último caso matizado con serias dudas, a nivel general – que tiene  algunos testigos de vista – según  ha trascendido, con encubrimientos, dinero de por medio, como la falta de aplicación de justicia, sobornos a investigadores, etc., es el del nuevo pelotero que se viera envuelto en un hecho catalogado como criminal, en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana.

 

Una gran parte de la comunidad “puertoplateña”, habitante en los entornos de ocurrencia, le acusó de homicidio voluntario.  Sin embargo, ha logrado conseguir su libertad bajo fianza, con el concurso de los abogados defensores.  “El fiscal no tiene pruebas para proceder con este caso.  Si él quiere seguir con esto, ya será su decisión”.  Así lo expresó uno de los juristas actuantes. (Véase periódico Diario Libre, del 4-3-11, página 24).

 

Ahora bien, independientemente   de  las interpretaciones acomodadas que se les puedan dar jurídicamente  a las estipulaciones relativas, contenidas en Código Procesal Penal nuestro, y específicamente las que se refrieren a la sustentación de las pruebas, el asunto está en que, en los incidentes acaecidos se produjo un muerto y un herido.

 

Obviamente, la pregunta obligada sería, si ese señor no tiene ninguna responsabilidad criminal, a pesar de la “voz populi” que le señala, entonces, quién o quiénes mataron a la víctima, e hirieron al hermano.  ¿Se quedará eso en el aire, al igual que como ha ocurrido con otros casos anteriores? El santito inteligente que se supone, se podrá ir a jugar su pelota, sin problema alguno; y, nada ha pasado, ¿verdad?

 

Esa son de las cosas que siempre han puesto en tela de juicio a la justicia dominicana, cuando aquí todo el mundo sabe que estos muchachos analfabetos, fantoches y faltos de conciencia en su mayoría, cuando tienen la suerte de conseguir unos cuantos dólares, jugando baseball en los Estados Unidos, regresan al país creyéndose que son dioses. Lo primero que hacen es comprar un arma de fuego, y contratar a un grupo de lambones para que les guarden las espaladas, y les cubran sus fechorías.

 

No queremos decir que ese sea el caso necesariamente.  El bien podría ser inocente de los cargos que se le imputan; pero, eso hay que clarearlo ante la opinión pública, para que las conjeturas no continúen.

 

Y que tampoco, no se produzcan señalamientos como los que hiciera el señor Víctor Mueses, procurador fiscal adjunto de Puerto Plata: “Es penoso ver cómo nuestra justicia cede ante las presiones de un grupito; de intereses particulares”. Además, “esta decisión de la Corte de Apelación de Puerto Plata sienta un precedente funesto para el estado de derecho, partiendo del hecho de que la ley es aplicable a todas las personas, ricas y pobres”. (Ver periódico Listín Diario, del 5-3-11, página 5B).

 

Sucesos como ese, son varios ya los que han verificados en el país; y, se han manejado de forma tal, que luego se dejan caer en un limbo jurídico los procesos correspondientes. ¿Por qué? Las inquietudes sobran. Cuando no, tampoco ha habido ninguna decisión judicial convincente que haya trascendido hacia el seno de la sociedad; por lo que se percibe, que los actos cometidos han quedado impunes, sin castigo alguno.   Las víctimas a sus tumbas, y sus victimarios libres como las aves, para que sigan sus desaprensivos vuelos acostumbrados.

 

Nadie es culpable de algo, hasta que no se le demuestra su culpabilidad.  Pero, hay muchas situaciones en las que se puede hacer; y no se hace, aun existiendo evidencias a manos más que suficientes.  Se debe tener presente la máxima que proclaman algunos connotados juristas, ¡la sangre nunca seca!; dando a entender, que las acciones criminales jamás perimen o caducan, aunque se marginen por un tiempo; y que, pueden ser objeto de castigo o venganza en cualquier momento.

 

Las historias que en ese sentido se han dado anteriormente, sobre jugadores de pelota nacionales, que han incurrido en actos similares, están ahí. En consecuencia, lo que procede hacer en este país es eficientizar la justicia; que los fiscales y jueces no se tornen tan flexibles; y que, los abogados en ejercicio no se conviertan en cómplices pagados de los criminales y delincuentes, sino que actúen como verdaderos auxiliares y colaboradores de la administración judicial, que debe ser su gran rol a desempeñar.

 

De lo contrario, lo que se continuará promoviendo aquí será, el que la gente trate de tomarse la justicia por sus manos.  O que, en vez de contratar abogados para reclamarla, se busque la asistencia o concurso de sicarios, que ya tantos hay en esta nación, para que sean estos los que  cobren deudas pendientes y resuelvan, en cuya agenda de ejecuciones podrían incluir a victimarios, jueces y abogados.

 

¡Mucho ojo, con las decisiones judiciales alegres; podrían resultar  éstas muy peligrosas, en un futuro no muy lejano!

 

Autor: Rolando Fernández