A muchos envalentonados y demagogos funcionarios estatales nuestros, con frecuencia se les escucha decir que, “hay que enfrentar la lacerante especulación en que incurren siempre los comerciantes dominicanos, en contra de la población nacional”. ¡Fantástico parecer!
Es la temática en boga en estos momentos, aunque de retorno, con relación a casi todos los productos y servicios de consumo básico local, y la culpa siempre recae sobre determinados sectores no oficiales, obviamente.
Ahora, ¡esa no es la realidad total! Es mera fantasía embaucadora a la que se acude, para confundir y entretener a la gente; pues todo el funcionariado del Gobierno conoce muy bien dónde se origina la causa de ese malestar, que es en la voracidad tributaria que se verifica en su seno, como de otras actitudes oficiales abusivas y circunstanciales en las que poco se repara; y que, obviamente aprovechan los comerciantes y prestadores de servicios para dislocar los precios, y manejarlos siempre en favor de los pingues beneficios a que de ordinario aspiran.
El mejor ejemplo se tiene con la Ley 112-00, sobre Hidrocarburos, en base a la cual se fijan semanalmente los abusivos precios de los combustibles, con efectos traslativos hacia todos los servicios y bienes de consumo a nivel nacional.
Se juega siempre con las variables incluidas en la dichosa fórmula para el cálculo de los mismos, a veces hasta sin importar las fluctuaciones del costo del barril del petróleo a nivel internacional.
Las cosas por lo regular son acotejadas para subirlos bastante, bajarles poco, o dejarlos sin variación. Todo depende de las circunstancias y la forma en que soplen los vientos. El asunto es, ¡no dejar de percibir los tributos previstos!, salvo que se ande buscando votos.
Connotados técnicos, gente autorizada, incluyendo economistas – claro, verdaderos profesionales de la disciplina; no tecnócratas y títeres alienados, defensores en la República de intereses políticos y empresariales -, siempre han manifestado que esa normativa legal fue presupuestada y dispuesta con la idea básica de recaudación fiscal; que esa es la razón por la cual es aplicada y manejada de forma antojadiza; y, rogándole a Dios que los precios especulativos internacionales del barril de petróleo tiendan a subir cada vez, para que la base impositiva aumente.
También se apela a la aplicación de determinadas variables, muy gravitantes en los precios finales de los carburantes que tienen que pagar los usuarios, muy cuestionables e inexplicables, en el contexto nuestro para la importación del crudo.
Se adiciona además, para así completar aspiraciones, el presionar de forma sostenida el alza en la tasa cambiaria, que es el otro ingrediente atractivo, y que está sujeta a los vaivenes por igual de un mercado especulativo interno, sin control alguno.
Hace ya un tiempo, y en vista de la presión social insostenible que estaba recibiendo el Gobierno, para que se modificara la lesiva disposición legal, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional se mostró algo presta a procurar el introducir las modificaciones pertinentes en torno a la tan cuestionada y abusiva ley. Se convocó a Vistas Públicas para tales efectos, y en busca de recabar opiniones sociales como empresariales, a los fines de consensuar con respecto al tema. Ahora, todo se quedó en bla, bla, bla, hasta la fecha.
Y, en ese escenario de entonces, que permanece sin variación notable aún, a pesar del desplome presente de los precios del petróleo a nivel internacional, el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Director del Departamento de Hidrocarburos a la sazón, que no sabemos si aún está, señor Rafael López, en una ocasión dejó ver claramente el “refajo”, como se dice en el argot popular, al oponerse a la modificación de la Ley 112-00, alegándose que los cambios propuestos, ocasionarían que el Gobierno dejara de percibir más de 6,000 millones de pesos cada año.
Pero además, dijo ese flamante funcionario que, “el gobierno recibe RD$423 mil millones cada año por concepto de esta, y que de modificarse la pieza, recibiría mucho menos”. (Véase periódico Diario Libre, del 5-5-11, página 20). ¡Que bien!, fabulosa defensa, con el agravante lógico que sugiere una gran pregunta, ¿a dónde irá a parar en realidad, una significativa parte de esos cuartos?
Mientras tanto, que el pueblo sin doliente, siga cargando pesado, pagando los combustibles más caros del área del Caribe, según los expertos. ¡Que el diablo se lo lleve!; y que los políticos, continúen degustando del pastel del erario público, hasta que pueda aparecer un real defensor de los pobres aquí. Hoy se tiene el teatro, ¿y qué, ha cambiado en algo ese asunto?
Los aumentos directos en los combustibles, haciéndose uso de alguna de esas variables subjetivas que contiene la mal intencionada fórmula para el cálculo de los costos de los carburantes en el país, reiteramos, no obstante el desplome súbito de los especulativos precios internacionales del barril de petróleo, según reseña la prensa local, seguirán de “forma constante y sonante”, como se dice.
¡Evidentemente, eso poco importa! Con facilidad se advierte que, en la disposición ordinaria de los precios, semanalmente a regir, las rebajas significativas del barril en el exterior que se está verificando, no contará mucho en el manejo momentáneo circunstancial, y acomodaticio claro, de la referida Ley 112-00, para no disminuirlos. Se habrán de congelar mejor para disimular, por lo que lógicamente quedan aumentados en términos comparativos, con el descenso del costo del petróleo en los mercados internacionales.
¡De ahí, la evidencia persuasiva que mantiene irritada a la población, con respecto al negocio de los combustibles en país, en que, como se ve, intervienen además las autoridades gubernamentales, no obstante ser un bien de consumo obligado!
Luego, sin que la disminución de los precios en el barril del petróleo a nivel internacional, se haya reflejado, con hincapié actual, en los costos de los combustibles de consumo local, como la abusiva tarifa por la energía eléctrica a nivel interno, y amén de la inducida especulación con la tasa cambiaria, queremos que los precios nuestros en los bienes y servicios de consumo básico, tiendan a una baja fehaciente; que no haya la especulación que se alega. “¡Lindísima concepción oficial!”
Según cuánto se ha expresado anteriormente, ¿por dónde es que comienza entonces el provecho indebido entre nosotros? Se deja la respuesta como tarea. Y, cuando se obtenga, se concebirá como obvio, el que ¡procede la sincerización oficial al respecto!
Rolando Fernández
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