Ya está montado de nuevo el teatro congresional para la selección de los futuros jueces que habrán de trabajar en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, a ejercer durante un próximo período de gestión.
Dado lo que ha sido ese organismo oficial en los últimos tiempos, en términos infuncionales para el país, considerándosele más bien como un elefante blanco politiquero, a partir de lo poco que ha venido aportando en favor del uso transparente de los recursos públicos por parte de los ministerios y dependencias estatales de la nación, y constituyendo solo una carga más dentro del presupuesto nacional cada año, nada diferente se puede esperar respecto de otra burocrática designación congresual referente.
Es obvio que, difícilmente todos los que aspiren y se proponen para ser seleccionados a dichas posiciones, estén claros con relación a las atribuciones reales que serían de su competencia, comandando el personal de apoyo requerido, entre las cuales están: auditorías generales, fiscalizaciones especiales, evaluación de controles internos, como definición y proposición de los no existentes, emitiéndose en cada caso los informes correspondientes, entre otras cosas; amén, de las limitaciones obvias de naturaleza política con las que de seguro se van a encontrar.
Esas tareas principales a cargo de la referida entidad, demandan de personas muy aptas en esos asuntos, apolíticas, y con mentalidad totalmente independiente, dispuestas a derribar las barreras que se presenten, algo muy difícil en el marco de la estructura actual regente, empezando por la forma en que se designan esos jueces. Además, que dispongan de la logística y apoyo necesarios para la realización de tan delicados trabajos; como, el saber enfrentar los torpedeos a posteriori a los informes que se elaboren, que su destino final siempre ha sido, los archivos en diferentes despachos encargados de actuar en consecuencia, y de ahí no pasan.
Los precedentes están de sobra. ¿Cuándo ha habido alguna acción que se haya podido catalogar como positiva, luego de conocerse los resultados de una auditoría realizada por ese organismo de fiscalización? Siempre aparecen paredes que ponen freno a los procesos iniciados.
Por tanto, todo habrá de continuar igual, siguiéndose el mismo patrón de escogencia politizada de esos jueces, que ahora se vuelve a poner en práctica, teniendo como escenario original un Congreso de la República, repleto de politiqueros, busca lo de ellos, y que funge más bien como caja de resonancia del Poder Ejecutivo.
Esos inversionistas de la política allí aposentados, no están en capacidad de evaluar, y aquilatar personas, para la realización de encomiendas tan delicadas como esas, que van en favor del pueblo, y que de tanta ética requieren. ¿Qué sabe esa gente de auditoria, controles financieros, salvaguarda de activos, públicos en este caso, aspectos legales inherentes, etc., cuando mucha de ella ni siquiera suficientes prontuarios académicos tienen? ¡Hay que dejarse de pantallas!
Mientras todo ese proceder relativo que se estila no varíe, haciéndolo totalmente independiente de las garras de la politiquería partidarista, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana proseguirá siendo un elefante blanco, una entidad infuncional, solo “chupa” presupuesto público.
Eso tiene que cambiar en todos los sentidos, principalmente en lo que concierne a la escogencia de los jueces. Políticos que buscan “solapación”, no pueden estar eligiendo a quienes luego les van a controlar y fiscalizar. “Nadie afila cuchilla para su propia garganta”, como dice un refrán popular. ¡Es la pura verdad! Quien así lo crea, no es más que un ingenuo.
La única forma de que algo realmente objetivo se pueda lograr en el tenor de lo tratado, es que la selección de esos funcionarios públicos fiscalizadores, que luego se agenciarán el equipo de apoyo más apto, la haga el mismo pueblo, para que procure defenderse de la dañosa corrupción estatal rampante. Que sean escogidos por el voto popular, a través de la misma Junta Central Electoral (JCE).
Una forma viable, aun se tenga que modificar todo el orquestamiento legal vigente, es que el precitado organismo (JCE) haga una preselección dentro de los aspirantes a ser jueces de la Cámara de Cuentas de la República, con los concursos combinados del Instituto de Contadores Públicos nuestro, y el de Auditoría Interna, que son profesionales que sí saben lo que hay que hacer, y cómo hacerlo, en relación con tales labores. Son verdaderos representantes de las áreas envueltas, algunos académicos por demás
Luego, presentar a los escogidos en grupos de cinco (5) miembros por separados, en las boletas de los candidatos presidenciales pertenecientes a los principales partidos políticos nacionales que participen en los procesos electorales cada cuatro años. Incluso, es algo que serviría para decirles, “si ganas”, esos son los que te van a vigilar de cerca, tanto a ti, como a los tuyos.
Recuérdese que solo es una idea, y que se puede variar en parte la presentación a la población, para que nada más aquellos que estén en capacidad de votar en su favor, lo hagan. Se abstendrían los poco entendidos en la materia, por supuesto.
¡Por ahí sí que debe ir el asunto! Lo mismo una vez más, implicaría el continuar simulando, “payaseando” dirían algunos, desde la Cámara de Cuentas de la República, aun algunos jueces que se escojan puedan reunir las aptitudes necesarias. Las condiciones requeridas para una selección de jueces apropiada, como un ejercicio pleno por parte de los mismos, ¡no están dadas!
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