La verdad es que, al presidente actual de todos los dominicanos le han puesto “una papa bien caliente” en las manos, como se dice popularmente, con ese asunto de la famosa sentencia 168-13, evacuada por el Tribunal Constitucional de la República (TC), en el marco de todas las implicaciones derivadas, y las acciones a llevar a cabo, con el ingrediente adicional de que tal disposición es inapelable.
Ese es un tema que ha venido copando la atención pública nacional, e internacional, y que mucha gente aquí entiende fue algo presupuestado por los enemigos soterrados de la presente gestión de gobierno. Pues, si bien es cierto que procede regular ya la situación de los inmigrantes ilegales que residen en el país, sin importar que sean haitianos, o de cualquier otra nacionalidad, no es menos cierto que, es una situación que se venía verificando entre nosotros desde hace muchos años, a la que los predecesores mandatarios hicieran caso omiso, por genuflexión o conveniencia política.
No era entonces, para ahora precisamente, tratar de corregirle de golpe y porrazo, como es lo que se aspira. El momento no se reportaba como el más oportuno para adoptar una decisión de tal naturaleza, con implicaciones conflictivas de amplio espectro social, y el choque frontal obvio con intereses internacionales, comenzando prácticamente un nuevo período de Gobierno.
En consecuencia, hemos visto las tantas presiones que ha estado recibiendo el señor presidente de la República, situación que el mismo admitió públicamente, para actuar a favor, o en contra de la referida disposición legal, como es obvio entender. Que la acate en todos sus términos, o haga caso omiso a la misma; es decir, dejar que todo continúe igual.
Como era de esperarse, los mayores acosos han provenido de los organismos internacionales que propugnan por la unificación de la isla (Haití-Dominicana), al extremo de faltarle hasta el respeto al primer mandatario de la nación, con sus advertencias hechas públicas, e incluso amenazar al país, en términos de aplicar sanciones condenatorias de consideración, en el caso de que no se obtempere a su reclamo interesado: ¡que se deje sin efecto la aplicación de la precitada sentencia! Parece que nosotros no tenemos derecho a regular nada internamente.
Pero ocurre y viene a ser que, este un país libre, independiente y soberano, auque algunos entiendan que son solamente atributos que se tienen en términos teóricos, lo cual puede ser verdad o mentira, dependiendo del marco dentro del cual se consideren.
Algo que mucha gente no se detiene a pensar en torno a la problemática migratoria hoy planteada es que, las dos vías frontales de solución envuelven una gran disyuntiva para el Lic. Danilo Medina.
El acatar la disposición en todos sus aspectos le traería serios inconvenientes de órdenes económicos y sociales, con los “aguijoneos” de corte internacional, y locales también, las cajas de resonancia, que de seguro se producirán. El no hacerlo, por igual le va a acarrear serios problemas internos, bajo el alegato de no respetar y obedecer una disposición como esa, emanada de tan alto organismo judicial nuestro, con carácter de inapelabilidad.
¡Cualquier decisión sobre el particular se torna bien difícil! Por ello es que, con todo el respeto que merece el presidente Medina, esa actitud, loable por cierto, de estar consultando a seudos líderes políticos nacionales, a otras personalidades del país, al igual que autoridades religiosas, en busca de opiniones y consenso, con el fin de disminuir conflictos previsibles, antes de proceder a tomar las medidas necesarias en el orden de lo que se trata, es presumible que muy poco le haya aportado, luego que concluyeran los conversatorios relativos.
Es obvio que, por los términos en que fue adoptada la susodicha normativa legal, no hay que estar consensuando con nadie. Eso tenían que hacerlo los ideólogos y promotores de la iniciativa previamente, aquilatando eventuales efectos negativos y positivos para el país, equiparándolos de manera imparcial, al margen de todo color político. ¡Ya el palo está dado!, como se dice, y lo que más procedería en estos momentos, es acatar la cuestionada sentencia 168-13, y correr los riesgos probables que puedan devenir.
No obstante, las mejores consultas que debe hacer el señor presidente de la República, deben estar dirigidas a su conciencia, a los sentimientos patrios que alberga, como a la sensibilidad humana que abriga en su interior. Serían esos sus más importantes consejeros, y los proveedores de las opciones más fructíferas; de la indicación directa, en cuanto a las acciones que se reportarían más tranquilizantes para él como gobernante que fuera, en el futuro. ¡Que deje a los demás, adeptos, opositores, e injerencistas internacionales, hervir hasta que el agua se les termine, o se ablanden en definitiva!
¡Bien!, por el primer mandatario de la nación. “El presidente Danilo Medina admitió ayer que existe presión contra el país por los alcances de la sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional, sin embargo dijo que el problema del Gobierno no es la presión, sino la convicción que tiene de lo que se debe hacer”. (Periódico “HOY”, del 26-3-14, página 4ª)
Finalmente, y en el tenor de lo que se trata, hay decisiones que, provengan de donde provengan, motivan una pregunta capital: ¿Por qué tienen que haber organismos en cualquier país del mundo, cuyas sentencias tengan que ser necesariamente inapelables?, ¡que sean como palabras de Dios!, lo cual es ilógico en el marco de lo racional, debido a que son instancias compuestas por hombres imperfectos, susceptibles de equivocarse, de ser alienados, y sobornados por además, pues no son seres inmaculados, sino entes humanos como otros cualesquiera.
Es una inquietud que dejamos como tarea, a cargo de responder por algunos de los duchos juristas que tenemos en este país.
El autor es un humilde servidor, ¡y nada más!
Rolando Fernández
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