¡Qué mensaje tan poco esperanzador!, el de la representante en el país de esa “burocrática” entidad internacional. Al parecer, nuestros diputados tenían que procurar la aquiescencia, o al menos acogerse a las sugerencias de la UNICEF, para poder introducirle, y aprobar cambios que imponen en estos momentos las circunstancias nacionales, respecto de las actividades delincuenciales que nos afectan, al importado e ineficiente Código del Menor, en opinión de tantos aquí, que rige en la República Dominicana.
Parece ser que los problemas de ese tipo que nos acosan, y que han venido verificándose en nuestra sociedad durante los últimos tiempos, protagonizados en gran parte por los llamados menores de edad, no así de intentos malsanos y desaprensivos, son de la UNICEF, y no del país, cuyos habitantes indefensos son quienes los sufren en “carne viva”, y claman por mayores medidas justicieras, como por la aplicación de una normativa legal que en verdad se corresponda con la situación presente en ese orden.
¡Oh, señores!, y si esa flamante organización defensora a su manera de la niñez mundial, se opone a las modificaciones que se introdujeron a la legislación de que se trata, procurando corregir en parte esa deleznable problemática, ¿por qué no dice lo que hay que hacer en pos de los mismos propósitos – enmendar -, de continuar aplicándose en la nación la pasada legislación tal cual, en cuya elaboración y aprobación, de seguro esa entidad tuvo una significativa participación?
Ya en la República Dominicana, es posible que no se pueda proseguir hablando de indulgencia y lenidad con relación a los denominados menores. Eso procedía más bien, cuando aquí se constituían las familias como debe ser, y las escuelas desempeñan su rol a cargo, con el cumplimiento ambas instituciones formativas, de todas sus responsabilidades inherentes. Pero, ya en este país, los deberes y las formaciones ese tipo están muy de capa caída.
Este es un país además, que a la vista de todo observador, se encuentra plagado de narcotráfico y consumo de drogas; con una gran adhesión juvenil a los ritos satánicos, e inducción a la deformante música sincopada de los ritmos metálicos, con sus efectos degenerativos derivados.
Y sobre todo, es un factor significativo a ponderar, la gran penetración cultural, poco controlada, y mal asimilada de que se es blanco perfecto, debido al grado de analfabetismo, e inconsciencia nuestra. ¡Los adeptos firmes aquí a todas esas cosas, no tienen edades específicas! Y por tanto, no se les debe tratar como simples menores, aun teniéndose poca edad, cuando incurren en actos delictivos, presumiéndose en esos una ligera capacidad pensante.
De ahí que, como nosotros en esta nación, somos los mayores conocedores de esa crítica situación delincuencial que nos golpea de frente, en la que participa una considerable cantidad de los llamados menores de edad cronológica, aunque como maduros se podrían catalogar en otros órdenes, por las vivencias que acumulan, nos corresponde de forma directa, el procurar adoptar los correctivos pertinentes, sin tener que pedirle permiso a nadie, aun se puedan interpretar como sugerencias previas.
Claro, en este caso es evidente y comprensible que ¡falta más!, como bien señalara el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), señor Servio Tulio Castaños Guzmán, en sus oportunas declaraciones a la prensa, expresándose más o menos en los términos siguientes, entre otras consideraciones que apuntó, y cuya lectura sería: “sólo con la modificación de las penas, el problema no se va a resolver, sino que por el contrario podría aumentar; que se tiene que trabajar también con las causas”. Esas, son las que en realidad inciden en el desarrollo de ese flagelo social, agregaríamos nosotros.
Y eso es lógico entenderlo así. Pero, por alguna parte se tiene que comenzar a tratar de combatir el mal; o al menos, procurar inducir a la reflexión, que es lo que se podría apreciar como una acción loable por parte de los diputados ahora. También, el que se haya retomado un tema algo olvidado, como muestra de atención a la delincuencia juvenil a nivel nacional.
De manera específica, dijo el señor presidente de Finjus, “Quieren abordar el problema no por la causa sino por las consecuencias, cuando el problema con los menores se puede considerar incluso de salud pública”. (Periódico “Hoy”, del 22-9-12, página 11ª).
Y esa es una gran verdad en parte; pues como se indican aquí más arriba, son diversos los factores incidentes a ponderar, conjuntamente con el asunto de las penas, tratándose de procurar conseguir cuantas enmiendas se estimen como debidas. ¡El problema está planteado; tiene innúmeras razones; y, soluciones hay que comenzar a buscarle!
Ahora, dejémonos de estar hablando sólo de que, “la delincuencia ha crecido por la falta de empleos y de políticas deportiva cultural”, como señalara un connotado congresista, ¡vaya perla!, y apareciera en un periódico local. Por eso es que en este país, las cosas rara vez se resuelven, porque siempre queremos estar agarrando el rábano por las hojas; ¡nos hacemos los miopes, cuando no queremos ver!
Es por todo lo expresado que, se entiende como pertinente, la respuesta que en el tenor de lo que se trata, le fuera dada a la representante aquí de la UNICEF, por parte de la Cámara de Diputados de la República, vía su presidente, Abel Martínez, independientemente de cuales hayan sido las modificaciones que le fueran introducidas al Código del Menor, en el ámbito de su competencia congresual, que deben ser complementadas, tras las declaraciones emitidas por ella, un tanto injerencistas si se quiere.
El mismo señaló: “están legislando en sintonía con lo que la población está reclamando y que nunca se han aprobado iniciativas sin consultar a los diversos sectores de la sociedad, que demandan sanciones más drásticas para los menores que incurren en crímenes graves”.
Y dijo además, “Tenemos que ser drásticos con la delincuencia, sea quien sea que la cometa, adultos o menores, pues las víctimas son siempre personas de trabajo, honestas, de nuestra sociedad que necesitan que los protejamos, castigando a quienes cometen hechos deleznables y que merecen todo nuestro repudio y rechazo”. (Véase periódico “Diario Libre”, del 22-9-12, pagina 04).
No hay más nada que decir; ¡que vayan las modificaciones que se requieran, aun sean rechazadas por la UNICEF! Es un problema nuestro, no de esa entidad mundial.
Rolando Fernández
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