Desde hace ya un tiempo razonable, había venido trascendiendo hasta la opinión pública nacional, aunque sólo entre líneas, el hecho de que, el llamado redentor de turno en la CDEEE, y el superintendente de Electricidad, el ingeniero Francisco Méndez, sostenían pareceres encontrados, respecto de la forma en que ha estado siendo administrado o manejado por las distribuidoras (EDES), el jugoso negocio de la energía eléctrica en el país.
Durante las últimas semanas, las controversias y disparidad de criterios relativas al tema entre ambos funcionarios, han tomado un mayor carácter, cayéndose ya en el marco de las críticas y acusaciones públicas, que han encontrado espacios en las páginas de los periódicos locales.
Evidentemente, esa era una situación que se veía venir, toda vez que representantes obvios de sectores diferentes, el empresarial pecuniario, y el estatal, jamás podrían conciliar intereses en torno al suministro eficiente y el cobro por un servicio público vital, indispensable e imprescindible para la población en general.
Y es que, mientras por un lado, uno tiene que velar por la protección, el buen trato y la atención debida a los usuarios, el otro sólo aparenta fungir como aliado fiel de los intereses económicos particulares, que se han adueñado de ese gran negocio en la República Dominicana, en clara connivencia con las clases políticas nacionales, y hasta extranjeras en algunos casos.
Aunque tarde, podría decirse, parece ser que el señor superintendente de Electricidad, ha comenzado a percatarse sobre algunas de la cosas lesivas que se dan dentro del negocio leonino y monopolista de dicho servicio público; como, que se ha cansado de aguantar las presiones sectoriales que de seguro recibe, y está reaccionando públicamente, contestando a las denuncias del flamante vicepresidente ejecutivo de la CDEEE.
Por lo visto, ese señor luce empecinado con el trabajo que realizan las empresas distribuidoras de electricidad, independientemente de la afectación social generalizada. Y, se mantiene apadrinando sus EDES, y las cuestionables gestiones que llevan a cabo sus pupilos importados, “por recomendación de los prestamistas externos”, según se dice, habiendo aquí tan buenos técnicos, serios y honorables, que de seguro harían una mejor labor, y a menor costo; pero que, difícilmente se dejarían narigonear a voluntad de otros; como tampoco, estarían prestos a incurrir en actos cuestionables.
Según expresara el ingeniero Méndez, “a las EDES no se les puede dar una patente de corso, para que hagan con sus clientes lo que les plazca”. Adicionando que, “a los usuarios, y menos los de un servicio público, no se les puede dejar sin protección ante su suplidor”. Y, “Ese es un monopolio natural y tiene que ser regulado, y el Estado no debe delegar su función”.
Como se puede inferir de esas declaraciones, “el horno no está para galletitas”, según reza un dicho popular. Y es que, frente a una problemática nacional de tanta trascendencia para el país como esa, desacuerdos de tal naturaleza, entre los magnos representantes del sector eléctrico nuestro, lo que hacen es contribuir a complicarla aun más. ¡Se tiene que definir entonces, entre los intereses particulares y sociales, en cuanto al manejo de un servicio público básico, de responsabilidad estatal!
El señor superintendente de Electricidad, debe acogerse estrictamente a las atribuciones que pone a su cargo la Ley General de Electricidad, en su artículo 121, entre las cuales está: “velar por los clientes de la EDES y atender sus reclamos”.
No es un servicio cualquiera, el que se está ofertando y vendiendo, con el cual se puede maniobrar, o hacer lo que venga en gana, para corresponder intereses económicos particulares. ¡Eso debe estar bien claro!
Por tanto, ¡adelante pues, señor Méndez; que así se habla, y la población espera se proceda!
Rolando Fernández
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