Nosotros los dominicanos tenemos un amplio Congreso, un Poder Legislativo, compuesto por senadores y diputados, cuya misión fundamental debería ser, la de representar, legislar, y encaminar acciones de respaldo concretas, que beneficien a los electores, que son los que les favorecen con sus votos.
Pero ocurre que, todo cuanto allí se hace, según lo que se advierte, dista mucho de ese mandato ciudadano; algo que, no muy tarde, habrá de arrojar sus frutos, ante lo decepcionada que se encuentra la población, frente al accionar de esos, que sólo se consideran luego, magnates muy bien remunerados, protegidos, etc.; y, con múltiples beneficios adicionales, cuando comienzan a ocupar una curul en el Congreso.
La percepción generalizada que tiene la población es que, el Congreso Nacional que se gasta este país, sólo está ahí para que sus miembros levanten las manos, a los fines de seguir ampliando el álbum de leyes vigentes de que dispone la República, que luego se engavetan y no se aplican.
A propósito de eso, muy acertado resulta el contenido del editorial titulado “Hartazgo Legal”, del periódico Diario Libre, del 3-12-10, que entre otras cosas señala, “Aquí no sólo tenemos leyes para todo, sino que queremos leyes para todo, como si las pociones legales sirvieran para curar todas las enfermedades. Además se señala, El exceso de leyes puede conducir a la falsa ilusión de que las cosas funcionan bien, cuando en realidad las mismas sólo sirven para cubrir el gran manto de ilegalidad con que opera un sistema social o político determinado”. Ahí esta dicho todo, con respecto a nosotros, como país.
También que, dicha instancia de poder, sólo sirve para aprobar préstamos con el exterior; introducir normativas legales que existen en otras latitudes, pero que aquí no aplican; y, para favorecer intereses económicos particulares. De igual forma, autoaprobarse exoneraciones y jugosos beneficios complementarios, que muy pocos merecen.
Otra de sus funciones a cargo, es la de hacer teatros, como ese que acaban de llevar a cabo, con la tan cacareada designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, en cuyo proceso, después de múltiples pugilatos y escarceos interesados, finalmente se quedaron los mismos incumbentes anteriores, para que sigan adheridos a su falta de independencia mental; y por tanto, su labor resulte infuncional, como evidentemente parece ser el propósito.
Lo que menos cuenta para esos señores congresistas, es la defensoría y representación del pueblo, para lo que principalmente son elegidos. Vemos, que en favor de éste nada se puede hacer. Ni siquiera, rescindir y modificar los leoninos contratos suscritos con los “altruistas” generadores privados de la electricidad; con los que, no es secreto para nadie ya, se viene extorsionando despiadadamente a la población.
El Congreso Nacional nuestro, debería evacuar una resolución, para que el negocio eléctrico en este país – sobre un servicio público básico, e imprescindible para todo el desenvolvimiento nacional – sea clareado ante la opinión pública; que se publiquen las estipulaciones contractuales concertadas; y, que se identifiquen a los productores y vendedores de la energía que aquí se consume.
Con la tarifa más cara en toda el área del Caribe, según los expertos, y cobrada compulsivamente, aquí se continúa subiendo alegremente, en perjuicio de los obligados consumidores. Esa es una decisión última tal, que incluso, podría tener consecuencias impredecibles. ¡Está bueno ya, para extorsión y demagogias; que salgan a relucir los “Luteros” en el negocio!
Finalmente, dentro de nuestros congresistas, hay personas que tienen un brillante futuro político; gente con un perfil presidencial, por lo que deberían promover, en el marco de sus actividades, el que se comience a legislar en favor del pueblo votante, y que se descontinúe la práctica de sólo hacerlo, para servir a los demás poderes que rigen en la nación.
Por consiguiente, ¡reflexionen hermanos congresistas, y actúen en consecuencia!
Rolando Fernández
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