Según una máxima aristotélica de gran significación, “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Esa es una frase bastante inductora, que debería llamar a la reflexión a todos los que aquí compete la administración y aplicación de justicia. La eliminación de privilegios y permisividades en este tenor, es algo que urge promover en este país, para tranquilidad y bien de todos.
No constituye secreto alguno, que en la República Dominicana, la observación obligada a las leyes y normativas suplementarias, sólo rige para los de abajo; los que no pueden pagar impunidad, o carecen de un sólido padrinazgo a nivel político, militar o empresarial.
Los tribunales y cárceles dominicanas sólo existen para los “hijos de machepa”, como decía un connotado líder político nacional. Ante los portentosos adinerados, los políticos de renombre, o el funcionariado de turno, el imperio de la ley siempre se detiene; salvo los casos, muy excepcionales, de retaliaciones marcadas entre desafectos.
Todos aquellos que forman parte del equipo gobernante, o de los poderes nacionales influyentes, por lo que se ve, no están obligados a cumplir con las leyes, y demás disposiciones imperantes relativas; tienen inmunidad; se les respeta. Sus despropósitos se honrar o se apañan. Y, en el mejor de los casos, cuando es incoada cualquier acción legal en su contra, los encargados de procesarle judicialmente, de ordinario, echan los expedientes en el saco del olvido.
Evidentemente, esa discriminación social, en términos de la observancia de rigor, en cuanto a las leyes vigentes, y la correspondiente aplicación de justicia, es el factor que más alienta los hechos delincuenciales que nos afectan en la actualidad, como son aquellos que se refieren a la corrupción administrativa; al igual que, el tráfico y consumo de drogas, entre otros.
Pero además, eso es algo que induce a la realización de otras actividades delictivas, degenerativas conexas. Verbigracia, los asaltos a cualquier nivel, los secuestros y el sicariato. Este último ha pasado a formar parte del mercado laboral dominicano; ya no cabe duda, por las evidencias concretas que se verifican.
Muy oportuno resulta transcribir aquí, algo que expone Rafael Cordero Díaz, en su trabajo “La ley y el orden”, que publica el periódico Hoy, de fecha 19-9-10, página 9ª:
“Si los de arriba no dan o predican con el ejemplo los de abajo no hacen más que reproducir lo que ven o les enseñan”.
“¿Hasta dónde la violencia callejera no es una respuesta o la expresión del clima que han propiciado las autoridades? Son muchos los que piensan que la inseguridad, el desorden y la incertidumbre que sufre la población se debe al desorden institucional que resta autoridad al Gobierno para exigir que se respeten las leyes. Simplemente porque las autoridades son las primeras en apartarse de las normas jurídicas”.
Creemos, que hay un consenso poblacional bastante generalizado en tal sentido, y que debe ser un punto de reflexión gubernamental, bien sosegada, en pos de evitar males mayores.
La conservación plena de cualquier estado, y el sosiego de la ciudadanía en general, con los beneficios y motivaciones que se deriven, como son los casos del incremento de la educación superior, principalmente, la expansión de lo moral y los aportes al desarrollo sostenido del país de que se trate, están sujetos a que las leyes establecidas rijan por igual para todos; no sólo para un diminuto segmento de la población.
En el caso específico nuestro, debe llamar poderosamente la atención, el señalamiento que hiciera recientemente, el señor Hotoniel Bonilla, director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), en ocasión de su denuncia, reseñada por la prensa local, referente a la infuncionabilidad de ese organismo, y en alusión directa, precisamente, a la imposibilidad de poder aplicar la justicia plena que le compete, lo cual redundaría en beneficio de la Nación, como es obvio.
Aseveró que, “el Estado social de derecho tiene una falla de origen que consiste en que los ciudadanos de este país <no somos iguales>; condena a los chiquitos”. (Periódico HOY, del 3-9-10, Pág. 11ª.
Lamentablemente, esa es una cruda realidad, a enmendar y combatir con firme decisión, en el menor tiempo posible; pues de proseguir igual o peor, podría acarrear situaciones para la República, de impredecibles consecuencias.
Rolando Fernández
Según una máxima aristotélica de gran significación, “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Esa es una frase bastante inductora, que debería llamar a la reflexión a todos los que aquí compete la administración y aplicación de justicia. La eliminación de privilegios y permisividades en este tenor, es algo que urge promover en este país, para tranquilidad y bien de todos.
No constituye secreto alguno, que en la República Dominicana, la observación obligada a las leyes y normativas suplementarias, sólo rige para los de abajo; los que no pueden pagar impunidad, o carecen de un sólido padrinazgo a nivel político, militar o empresarial.
Los tribunales y cárceles dominicanas sólo existen para los “hijos de machepa”, como decía un connotado líder político nacional. Ante los portentosos adinerados, los políticos de renombre, o el funcionariado de turno, el imperio de la ley siempre se detiene; salvo los casos, muy excepcionales, de retaliaciones marcadas entre desafectos.
Todos aquellos que forman parte del equipo gobernante, o de los poderes nacionales influyentes, por lo que se ve, no están obligados a cumplir con las leyes, y demás disposiciones imperantes relativas; tienen inmunidad; se les respeta. Sus despropósitos se honrar o se apañan. Y, en el mejor de los casos, cuando es incoada cualquier acción legal en su contra, los encargados de procesarle judicialmente, de ordinario, echan los expedientes en el saco del olvido.
Evidentemente, esa discriminación social, en términos de la observancia de rigor, en cuanto a las leyes vigentes, y la correspondiente aplicación de justicia, es el factor que más alienta los hechos delincuenciales que nos afectan en la actualidad, como son aquellos que se refieren a la corrupción administrativa; al igual que, el tráfico y consumo de drogas, entre otros.
Pero además, eso es algo que induce a la realización de otras actividades delictivas, degenerativas conexas. Verbigracia, los asaltos a cualquier nivel, los secuestros y el sicariato. Este último ha pasado a formar parte del mercado laboral dominicano; ya no cabe duda, por las evidencias concretas que se verifican.
Muy oportuno resulta transcribir aquí, algo que expone Rafael Cordero Díaz, en su trabajo “La ley y el orden”, que publica el periódico Hoy, de fecha 19-9-10, página 9ª:
“Si los de arriba no dan o predican con el ejemplo los de abajo no hacen más que reproducir lo que ven o les enseñan”.
“¿Hasta dónde la violencia callejera no es una respuesta o la expresión del clima que han propiciado las autoridades? Son muchos los que piensan que la inseguridad, el desorden y la incertidumbre que sufre la población se debe al desorden institucional que resta autoridad al Gobierno para exigir que se respeten las leyes. Simplemente porque las autoridades son las primeras en apartarse de las normas jurídicas”.
Creemos, que hay un consenso poblacional bastante generalizado en tal sentido, y que debe ser un punto de reflexión gubernamental, bien sosegada, en pos de evitar males mayores.
La conservación plena de cualquier estado, y el sosiego de la ciudadanía en general, con los beneficios y motivaciones que se deriven, como son los casos del incremento de la educación superior, principalmente, la expansión de lo moral y los aportes al desarrollo sostenido del país de que se trate, están sujetos a que las leyes establecidas rijan por igual para todos; no sólo para un diminuto segmento de la población.
En el caso específico nuestro, debe llamar poderosamente la atención, el señalamiento que hiciera recientemente, el señor Hotoniel Bonilla, director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), en ocasión de su denuncia, reseñada por la prensa local, referente a la infuncionabilidad de ese organismo, y en alusión directa, precisamente, a la imposibilidad de poder aplicar la justicia plena que le compete, lo cual redundaría en beneficio de la Nación, como es obvio.
Aseveró que, “el Estado social de derecho tiene una falla de origen que consiste en que los ciudadanos de este país <no somos iguales>; condena a los chiquitos”. (Periódico HOY, del 3-9-10, Pág. 11ª.
Lamentablemente, esa es una cruda realidad, a enmendar y combatir con firme decisión, en el menor tiempo posible; pues de proseguir igual o peor, podría acarrear situaciones para la República, de impredecibles consecuencias.
Rolando Fernández
Según una máxima aristotélica de gran significación, “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Esa es una frase bastante inductora, que debería llamar a la reflexión a todos los que aquí compete la administración y aplicación de justicia. La eliminación de privilegios y permisividades en este tenor, es algo que urge promover en este país, para tranquilidad y bien de todos.
No constituye secreto alguno, que en la República Dominicana, la observación obligada a las leyes y normativas suplementarias, sólo rige para los de abajo; los que no pueden pagar impunidad, o carecen de un sólido padrinazgo a nivel político, militar o empresarial.
Los tribunales y cárceles dominicanas sólo existen para los “hijos de machepa”, como decía un connotado líder político nacional. Ante los portentosos adinerados, los políticos de renombre, o el funcionariado de turno, el imperio de la ley siempre se detiene; salvo los casos, muy excepcionales, de retaliaciones marcadas entre desafectos.
Todos aquellos que forman parte del equipo gobernante, o de los poderes nacionales influyentes, por lo que se ve, no están obligados a cumplir con las leyes, y demás disposiciones imperantes relativas; tienen inmunidad; se les respeta. Sus despropósitos se honrar o se apañan. Y, en el mejor de los casos, cuando es incoada cualquier acción legal en su contra, los encargados de procesarle judicialmente, de ordinario, echan los expedientes en el saco del olvido.
Evidentemente, esa discriminación social, en términos de la observancia de rigor, en cuanto a las leyes vigentes, y la correspondiente aplicación de justicia, es el factor que más alienta los hechos delincuenciales que nos afectan en la actualidad, como son aquellos que se refieren a la corrupción administrativa; al igual que, el tráfico y consumo de drogas, entre otros.
Pero además, eso es algo que induce a la realización de otras actividades delictivas, degenerativas conexas. Verbigracia, los asaltos a cualquier nivel, los secuestros y el sicariato. Este último ha pasado a formar parte del mercado laboral dominicano; ya no cabe duda, por las evidencias concretas que se verifican.
Muy oportuno resulta transcribir aquí, algo que expone Rafael Cordero Díaz, en su trabajo “La ley y el orden”, que publica el periódico Hoy, de fecha 19-9-10, página 9ª:
“Si los de arriba no dan o predican con el ejemplo los de abajo no hacen más que reproducir lo que ven o les enseñan”.
“¿Hasta dónde la violencia callejera no es una respuesta o la expresión del clima que han propiciado las autoridades? Son muchos los que piensan que la inseguridad, el desorden y la incertidumbre que sufre la población se debe al desorden institucional que resta autoridad al Gobierno para exigir que se respeten las leyes. Simplemente porque las autoridades son las primeras en apartarse de las normas jurídicas”.
Creemos, que hay un consenso poblacional bastante generalizado en tal sentido, y que debe ser un punto de reflexión gubernamental, bien sosegada, en pos de evitar males mayores.
La conservación plena de cualquier estado, y el sosiego de la ciudadanía en general, con los beneficios y motivaciones que se deriven, como son los casos del incremento de la educación superior, principalmente, la expansión de lo moral y los aportes al desarrollo sostenido del país de que se trate, están sujetos a que las leyes establecidas rijan por igual para todos; no sólo para un diminuto segmento de la población.
En el caso específico nuestro, debe llamar poderosamente la atención, el señalamiento que hiciera recientemente, el señor Hotoniel Bonilla, director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), en ocasión de su denuncia, reseñada por la prensa local, referente a la infuncionabilidad de ese organismo, y en alusión directa, precisamente, a la imposibilidad de poder aplicar la justicia plena que le compete, lo cual redundaría en beneficio de la Nación, como es obvio.
Aseveró que, “el Estado social de derecho tiene una falla de origen que consiste en que los ciudadanos de este país <no somos iguales>; condena a los chiquitos”. (Periódico HOY, del 3-9-10, Pág. 11ª.
Lamentablemente, esa es una cruda realidad, a enmendar y combatir con firme decisión, en el menor tiempo posible; pues de proseguir igual o peor, podría acarrear situaciones para la República, de impredecibles consecuencias.
Rolando Fernández
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