El problema eléctrico nacional sigue siendo uno de los temas más abordados en el país, por autoridades del ramo, periodistas y la población en general, dado que cada vez tiende a agravarse más y más, no obstante las esperanzas que fueron cifradas en el flamante “redentor” de turno, vicepresidente de la CDEEE, en cuya gestión, parece ser, se ha limitado a convertirse en cobrador compulsivo, persecutor del fraude parcial (usuarios); procurar el pago oportuno a los altruistas generadores; y, naturalmente, propugnar por el aumento de la tarifa, por su servicio que no sirve, y la facturación de las amplias tandas de apagones que se verifican a nivel nacional.
Y es que, ni él, ni nadie va a resolver el problema, mientras se estén apañando las connivencias entre los políticos y empresarios que rigen el negocio; que se dejen sin efecto todos y cada uno de los contratos leoninos firmados para el suministro de la energía y otros servicios inherentes al área; que se renegocien esos acuerdos adecuadamente, pensado sólo en el sosiego de la población, la equidad necesaria, como el desarrollo del país, y no en intereses económicos particulares.
El senador Adriano Sánchez Roa, abrió las puertas para tales propósitos, al someter ante el Congreso Nacional, la iniciativa de rescisión y modificaciones pertinentes. Pero, todo luce indicar, que a muchas de las personas envueltas en ese comercio, les conviene que el asunto continúe tal cual; y es la razón por la cual, no se quiere agarrar el toro por los cuernos, para reencausarlo por otros senderos.
Todo se limita en consecuencia, a nuevos inventos; tomar recursos prestados para honrar el famoso subsidio; y, proclamar promesas demagógicas e infundadas, como esa de que, “el sector energético se propone brindar un servicio de 24 horas de energía a cerca de dos millones de usuarios para el 2012”; eso dijo don Celso. (Véase periódico Diario Libre, del 25-8-10, Pág. 18).
Cómo es posible que, ante una las situaciones más precarias y desastrosas que ha registrado el servicio en los últimos tiempos, este señor le diga al país, que para el 2012, cuando, probablemente la población en general, ya para esa época, supere ampliamente los once millones de habitantes, se espera que sólo cerca de dos millones puedan contar con energía durante las 24 horas del día.
A veces, hay cosas que es preferible callarlas, para no irritar más a la gente; pues se tornan burlonas, amén de que se interpretan como, jugar con la inteligencia ajena. Y, es que el señor vicepresidente ejecutivo actual de la CDEEE, conoce muy bien las intríngulis de la problemática, y sabe que ese tipo de anuncio no es más que un decir, ante la presiones sociales que se reciben.
Además, está poniendo en evidencia, que sólo le interesa que una pequeña parte de la población reciba con eficiencia el servicio, pagando obviamente, las altas tarifas que asignan los magnates del negocio, y los que prestan recursos para el área. Y, con los ciudadanos y residentes restantes, ¿qué pasará, señor Marranzini?
Otra pregunta importante, que restaría por plantearse en relación con el tema es que, si el fraude eléctrico por parte de muchos clientes, que buscan la manera de defenderse contra la obligación de tener que pagar una tarifa abusiva, o que por iliquidez, no pueden hacerlo, es tipificado por el “procurador general adjunto para el Sistema Eléctrico (PEGASE)”, como un delito más de los que se cometen en el país, cómo se tipificaría entonces el que incurren las distribuidoras, cuando facturan de más, cobran los apagones y castigan a los que pagan religiosamente por el servicio, con suspensiones inmerecidas, sin habérseles compensado nunca por esa arbitrariedad, en violación al mandato correspondiente estipulado en la Ley General de Electricidad vigente.
Por tanto, es muy lógico suponer que, con ese panorama de frente, mientras el negocio eléctrico en la República Dominicana, continúe operando bajo un esquema especulador-capitalista, en base al cobro compulsivo de elevadas tarifas, por un servicio ineficiente (las más caras del área del Caribe, según los expertos); la aplicación unilateral de la ley que rige al respecto (sólo en contra de la población); poco respaldo estatal hacia los clientes, que se sienten estafados; cortes indiscriminados del servicio; el sacar usuarios del sistema por incapacidad de pago, ante los altos precios y la crisis económica generalizada que arropa a los dominicanos, seguirán habiendo y aumentando las conexiones ilegales, por la imprescindibilidad de la energía eléctrica para todo. Y, por consiguiente, la caótica situación energética nacional se empeorará cada vez más.
Rolando Fernández
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